Javier Marzal. Presidente de la International Association to Change the World
En 1999, el Consejo de Europa, compuesto por 47 países europeos, legisla dos normas contra la corrupción y crea el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para que estudie la corrupción en todos los países y recomiende cambios a cada país para disminuirla, lógicamente incluye la corrupción de los tres poderes públicos que son los creadores y participantes de la mayoría de la corrupción. Sin duda, estas acciones fueron el reconocimiento oficial de que la corrupción es un valor europeo, aunque desde entonces se han hecho más esfuerzos para ocultarla que para impedirla.
En 2017, un político neerlandés y Presidente del Eurogrupo dijo que creía en la solidaridad con los países del Sur de Europa, añadiendo que “Pero el que la solicita tiene también obligaciones. Uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y luego pedir que se le ayude”, lógicamente se refería a la corrupción.
En 2017, el Consejo de la Unión Europea crea la Fiscalía Europea que ha comenzado su andadura en 2021. 16 Estados participaron desde el principio y actualmente son 22 y cinco países miembros de la Unión Europea no participan en este organismo. La Fiscalía Europea es un paso útil para combatir la corrupción que afecte a los intereses económicos de la Unión Europea.
En 2018, se hace público en el Europarlamento las cifras de corrupción de los países miembros de la Unión Europea: 4,8% de media. Naciones Unidas también hace público que la corrupción en él se lleva el 5% del PIB mundial, siendo el negocio más lucrativo. Resulta llamativo que se publiquen en el mismo año y que sea menor en la Unión Europea que en todo el mundo, aunque sólo sea por dos décimas. Es poco creíble que en los países europeos haya menos corrupción que en el resto del mundo, porque es mayor el macro-Estado y éste es el resultado de sociedades corruptas, por lo que la corrupción es el negocio con mayores beneficios.
Como reacción al reconocimiento de que la corrupción es uno de los principales valores europeos, unos meses después, el 3 de abril de 2019, la Comisión Europea lanza la “Iniciativa para fortalecer el Estado de Derecho en la UE”, al Parlamento Europeo, al Consejo de Europa, al Consejo de la UE, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
“El Estado de Derecho se recoge en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) como uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la UE. Significa que los Gobiernos deben estar sujetos a la ley, que no deben tomar decisiones arbitrarias y que los ciudadanos deben tener el derecho de impugnar sus actos en tribunales independientes”.
La aparición oficial del coronavirus en 2020 está impulsando la corrupción y los mecanismos para frenarla.
El 8 de abril de 2020, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) intervino el Tribunal Supremo de Polonia, porque encubría sistemáticamente la acción disciplinaria contra los jueces, más aún que en España y en otros países. Polonia se quejó, con razón de que la UE les trata de forma diferente a otros países, como España.
Como reacción a las negociaciones para ayudar a los países de Europa del Sur, los Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca exigieron disminuir las ayudas y controlar su destino. A estos cuatro seles conoce como países frugales y después se les unió Finlandia. El Ministro de Economía de los Países Bajos dijo que: “se debe investigar por qué algunos Estados miembros no tienen margen fiscal para afrontar la crisis de la pandemia”, aludiendo a que la inmensa deuda pública se debe a la corrupción.
Los países frugales son conscientes de que la corrupción de los grandes países del sur de Europa (Francia, España e Italia) pueden arruinarles y la UE sabe que también puede desaparecer por este motivo.
El Parlamento Europeo aprobó el 16 de diciembre de 2020 “el reglamento diseñado para evitar la utilización de fondos comunitarios por gobiernos de la UE que no respetan el Estado de Derecho”, que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Anualmente, la Comisión Europea revisará el funcionamiento del Estado de Derecho y podrá suspender o rebajar los fondos europeos destinados para cada Estado miembro. La Fiscalía Europea ha habilitado un formulario web para que se denuncien estas corrupciones.
En marzo de 2021, Polonia y Hungría denunciaron a la UE, ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE), por vincular las ayudas al respeto de los principios del Estado de Derecho.
El 24 de junio de 2021, en el Consejo Europeo, el Primer Ministro neerlandés sugirió al Presidente de Hungría que se fuera de la Unión Europea como hizo el Reino Unido, por aprobar una ley que califican de homófoba.
En este escenario, donde la corrupción está plenamente aceptada por la Unión Europea, pero haciendo que algunos países comiencen a oponerse a ella. En el Comunicado de 2019, la Comisión Europea pidió a los miembros de la UE que exijan el funcionamiento del Estado de Derecho en el resto de los Estados.
¿Es más importante la homofobia que la corrupción o la corrupción es un valor intocable en la Unión Europea, salvo con fondos europeos?
Podría ser que se empiece a controlar la corrupción sistémica de los jueces para que éstos, a su vez, impidan la corrupción de los políticos y de todo el sector público. El creciente endeudamiento de la Unión Europea nos empobrece a todos, pero tal vez sea el precio a pagar para impedir que la corrupción sea el negocio más lucrativo en España, pero la solución definitiva pasa por entrar en una Era #PostDemocracia.
Los activistas deben denunciar la corrupción española y pedir ayuda a los países frugales.