´Virginia Montes.
El gobierno francés presentó su proyecto de ley sobre el Islam radical el miércoles. Muy criticado, este proyecto de ley está acusado de estigmatizar a los musulmanes. El Primer Ministro declaró que este texto no era “contra las religiones” sino contra el “islamismo radical”.
El miércoles 9 de diciembre el Primer Ministro presentó su proyecto de ley contra el Islam radical, rodeado de sus principales ministros interesados (Interior, Educación, Justicia). Esta ley, cuyos contornos había sido mencionada por primera vez el pasado mes de octubre por Emmanuel Macron, ya es objeto de fuertes críticas.
“Este proyecto de ley no es un texto contra las religiones, ni contra la religión musulmana en particular. Por el contrario, es una ley de libertad, de protección, una ley de emancipación frente al fundamentalismo religioso ”, dijo Jean Castex a la prensa.
No obstante, el proyecto de ley se justifica por los numerosos atentados que han sufrido Francia recientemente, especialmente los de Niza y la decapitación de Samuel Paty. Además, estos ataques preocuparon enormemente a los franceses por la seguridad, lo que llevó al gobierno a reaccionar.
Según una encuesta de Via Voice encargada por La République en Marche en noviembre, el 88% de los franceses dice estar preocupado por el auge del islamismo, el 58% de los cuales está «muy preocupado».
Medidas muy diversas
Este proyecto de ley fue presentado simbólicamente en el 115 aniversario de la ley de laicismo de 1905. Incluye una cincuentena de artículos llamados, según el gobierno, a llenar vacíos legales.
En particular, contiene disposiciones para restringir la educación en el hogar, que ahora afecta a 62.000 niños, o el doble que en 2016. Si Emmanuel Macron quería una prohibición total de la educación en el hogar por su parte, las exenciones finalmente permanecerán. posible (salud, deporte, arte …).
El texto consagra la prohibición de la poligamia y los certificados de virginidad y la extensión del deber de neutralidad a los empleados de empresas con misión de servicio público. También proporciona un mejor marco para el odio en línea y crea un «delito de presión separatista» para proteger a los funcionarios que son víctimas de amenazas o violencia, lo que debería evitar que casos como el de Samuel Paty vuelvan a ocurrir.
La ley permitirá también un mayor control sobre el funcionamiento y financiación de las asociaciones, las más polémicas de las que ya han sido disueltas en las últimas semanas (la CCIF y BarakaCity), así como los lugares de culto.