Javier Marzal. Presidente de la International Association to Change the World.
Suele hablarse mucho del Nuevo Orden Mundial (NOM/NWO), pero poco se habla del Nuevo Orden Europeo (NOE/NEO). Las democracias europeas están en decadencia, como ha reconocido la propia Unión Europea, por las razones que se describen a continuación.
Desde hace varias décadas, numerosos economistas han advertido que el sistema económico mundial está quebrado.
En agosto de 2017, Financial Times publicaba un artículo donde se dice que “los principales bancos centrales poseen ahora un quinto de la deuda total de sus gobiernos”. Además, los bancos centrales también están comprando deuda de las mayores empresas.
Para el influyente economista Daniel Lacalle, con esta “represión financiera” “el especulador central” (bancos centrales) están nacionalizando el sistema financiero y las grandes empresas.
En el Foro Económico Mundial 2019 los profesores Petroulakis (BCE) y Andrews (OCDE) declararon que “el problema de productividad de Europa se debe en parte al aumento de empresas zombies que desplazan las oportunidades de crecimiento para otros”. Resulta revelador que dos economistas de estos dos organismos internacionales asuman que el neointervencionismo europeo está destruyendo la economía.
La quiebra económica ha sido ocasionada porque la primera característica de los países de la Unión Europea es el macro-Estado, que es la mayor estructura económica y de poder creada, y el negocio más rentable.
Según Naciones Unidas, en 2018 la corrupción suponía el 5% del PIB mundial. En ese mismo año, en la Unión Europea era de un 4,8%, según la propia UE, y casi un 8% en España. El macro-Estado había superado el 50% del PIB.
A pesar del crecimiento económico de los últimos años, la deuda pública a final de 2019 era de un 97,6% en España, un 98,1% en Francia y un 134,8% en Italia. Estas tres economías suponen un 45,79% del PIB de la Eurozona. Toda esta deuda pública es dinero que han robado las autoridades públicas, sobre todo políticos, mediante la corrupción. Resulta sospechoso que estos tres países estén entre los que han tenido más muertes y una mayor crisis económica, por la respuesta institucional al coronavirus.
En 1999, la Unión Europea constituyó el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), para estudiar las legislaciones y la corrupción en los países miembros y se promulgaron dos convenios contra la corrupción. El referido 4,8% del PIB en corrupción (19 años después de las normas), evidencia que estas normas comunitarias no se respetan porque los tribunales nacionales y los europeos no las hacen cumplir.
Como parte de la corrupción, en todos los países miembros de la Unión Europea, las autoridades públicas no permiten que funcionen los mecanismos democráticos de control de las instituciones.
El primer mecanismo de control lo constituye el sistema judicial. Los jueces tienen como principal función social impedir que los legisladores y los gobiernos sean autoritarios y creen un régimen totalitario. Los informes públicos del GRECO y los informes privados del World Justice Project, así como las sentencias de los tribunales europeos, evidencian que la corrupción judicial es sistémica en todos los países miembros de la Unión Europea.
Los medios de información publican interpretaciones distorsionadas de la realidad. Esto es así porque las instituciones premian a los medios afines y a los que contribuyen a promover ideologías políticas. Además, las instituciones castigan a los medios y periodistas que no defienden la democracia, el Estado de bienestar y las instituciones. Los castigan tributaria y judicialmente, entre otras formas. Se dice que estos medios están institucionalizados y la mayoría de los grandes medios europeos lo están. Un ex Director de El Mundo publicó un libro en 2019, donde afirma que en España antes los políticos tenían miedo a los periodistas y ahora es al revés. El Mundo es uno de los dos mayores diarios españoles.
La economía y los medios están institucionalizados, igual que el resto de los contrapoderes, incluyendo a las asociaciones y a los abogados que defienden la legalidad, como corresponde a regímenes de totalitarismo autoritario como los europeos. Lo mismo cabe decir de aquellas personas calificadas de intelectuales por las instituciones y los medios y editoriales institucionalizados.
Por todo lo antedicho, denomino metamafia institucional o metamafia al conjunto de las instituciones. También utilizo las expresiones metamafia judicial, metamafia legislativa, etc. La utilización de esta terminología es útil para que se comprenda el grave problema estructural, su solución y para evitar que la corrupción y la tecnología actuales superen la peor de las distopías.
En 2010 la Unión Europea publicó el informe “PROYECTO EUROPA 2030. Retos y oportunidades”. Lo más destacable de este informe forma parte de la cultura mundial, aunque se refiere a todos los países de la Unión Europea: las actuales generaciones de jóvenes están viviendo peor que la de sus padres. De esta forma se acepta institucionalmente que las democracias europeas están en decadencia. Oficialmente, 118 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE-28 en 2016.
Resulta llamativo que un año antes de esta declaración de decadencia, mediante el Tratado de Lisboa se elevara a rango de ley los principios de democracia y el Estado de derecho, blindando las instituciones.
La institucionalización de la economía, mediante el macro-Estado, la financiarización y la corrupción, y la elevada deuda pública, están empobreciendo a toda la población y a las generaciones venideras, dificultando además la creación de riqueza.
Numerosos estudios y autores señalan que la mayor parte de los trabajos desaparecerán, porque las personas serán sustituidas por robots dirigidos por inteligencia artificial. Desde 2013 están trabajando en Alemania, en una estrategia de alta tecnología del Gobierno, para conseguir automatizar completamente la producción sin intervención humana.
En 2020, España creó la renta básica universal y Naciones Unidas la promocionó, con la excusa de combatir los efectos de la Crisis del coronavirus.
Por lo antedicho, la Unión Europea baraja un futuro donde una minoría decreciente trabaje y la mayoría subsista con subsidios públicos. Por otro lado, la UE está protegiendo y nacionalizando algunas de las grandes multinacionales que aportan divisas o que pertenecen a sectores que consideran estratégicos. Con la financiarización, las instituciones pueden hacer quebrar a cualquier empresa o sector de actividad económica, y lo harán a medida que dejen de ser convenientes para su estrategia.
El Brexit ha puesto de manifiesto que los miembros de la Unión Europea tienen compromisos financieros a largo plazo con la UE. Con la crisis del coronavirus, estos compromisos financieros no paran de crecer, aumentando el coste de salida de la Unión Europea, a la vez que ésta ha aumentado sus ingresos provenientes de los países miembro. En otras palabras, la Unión Europea ha protegido su futuro, comprometiendo el futuro de sus miembros e impulsando un empobrecimiento masivo de los europeos, como consecuencia de priorizar su dominio, el totalitarismo y la corrupción.
En definitiva, aunque existen muchas posibilidades de que la Unión Europea se desintegre, con el referido neointervencionismo y la institucionalización de la economía y de los contrapoderes, acelerados con la crisis del coronavirus, la UE se dirige hacia un modelo que podemos denominar neocomunista, con un control absoluto de la economía y con unos súbditos sin libertades ni derechos.
La única alternativa posible al esclavismo institucional es la post-democracia.