Enrique de Diego.
El Juzgado de Paz de Galapagar ha citado, para el próximo día 13, al representante de la Plataforma de Denunciados por Pablo Iglesias, tras la solicitud de un acto de conciliación con el Alcalde de Galapagar a colación de la lectura de un manifiesto en el Ayuntamiento, el pasado 10 de septiembre, donde acusaba de acoso e invitar al odio a los vecinos que cada tarde se reúnen en la zona de la mansión del Líder Supremo de la Ultraizquierda, en La Navata.
Como ya adelantamos, estas acusaciones se hicieron después de haberse pronunciado Jueces y Fiscalía, tras las denuncias a Cristina Gómez y Miguel Frontera, rechazando que haya existido acoso o cualquier ilícito penal y que se trataba de un derecho de los mismos, archivando todas las denuncias.
Por ello, los firmantes de esa solicitud de acto de conciliación, presentaron la misma como paso previo a una querella por calumnias a Alberto Gómez Martín, alcalde de Galapagar, al entender que podría tratarse de un delito previsto en los artículos 205 y 206 del Código Penal al acusarles de un delito inexistente, teniendo conocimiento de ello.
Alberto Gómez lo tiene sencillo para evitar esa querella, y una previsible imputación, si rectifica la acusación de acoso por, por ejemplo, molestas concentraciones, que sería lo acertado.
Esta rectificación pública debería estar firmada por los mismos que respaldaron el manifiesto. Hay que recordar que alguna de ellos ha exigido, por ejemplo, a Carla Greciano que rectificase sus palabras tras sentirse aludida por un asunto de acoso en el pasado Pleno de septiembre. Es decir, que predicar con ejemplo sería una buena forma de hacer política.
A estas resoluciones judiciales se unen las recientes sobre el archivo de la denuncia por injurias hacia Pablo Iglesias, en las citadas concentraciones, y la desestimación, de la Audiencia Provincial de Madrid, al recurso de Irene Montero contra la concejal de VOX en Galapagar, Cristina Gómez, por coacciones y acoso en su domicilio , ya que los hechos «CARECEN DE RELEVANCIA PENAL». El auto es firme y no cabe recurso, por tanto no cabe duda de que no hubo ni hay acoso ni incitación al odio, es decir que son legales.
Por tanto, señor alcalde de Galapagar y resto del Equipo de Gobierno de PSOE y Cs, queda demostrado que no hay ni hubo acoso y toca ser elegantes retractandose de esas acusaciones y pidiendo disculpas públicas, todo en nombre de esa salud democrática a la que tanto aluden.