Enrique de Diego
Texas, el segundo estado en extensión (696.241 km2) de la Unión, con una población de 24,7 millones, en crecimiento, se declaró “república independiente” en 1836 y en 1845 entró a formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue, por tanto, “nación” durante una década y su entrada como “estado número 28” fue fruto de un convenio, que incluso puede ser revertido.
Texas, que fue descubierta por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tiene un Parlamento con amplias competencias federales. Ese Parlamento sólo puede reunirse, por imperativo legal, un máximo de dos meses al año. Sus parlamentarios, al tratarse de tiempo limitado tasado, sólo cobran dietas para asistir a las sesiones y, por tanto, se extraen de ámbitos empresariales y profesionales con ocupaciones laborales precisas. Ninguno de ellos vive de la política, no es un político profesional.
Debemos a James M. Buchanan (1919-2013), catedrático de la Universidad de Virginia y Premio Nobel de Economía 1986, la traslación del análisis económico al ámbito político, mediante la teoría de la elección pública (public choice). Buchanan elimina el romanticismo del político para considerarlo un animal racional que establece sus decisiones mediante expectativas racionales lógicas, que se mueven mediante dos parámetros: el político tiende a aumentar su poder, incrementando el presupuesto que administra y el bureau o número de funcionarios que dependen de él.
El Parlamento sólo puede reunirse dos meses al año
Ateniéndose de una manera intuitiva a la public choice, los tejanos consideraron que sus parlamentarios se reunían todo el año constituirían un grupo homogéneo diferenciado del resto de sus conciudadanos, que pasarían a cobrar del Presupuesto y que, en uso de sus funciones legislativas, pasarían a legislar a su favor y, por ende, contra el resto de la población. Al sólo poder reunirse dos meses y cobrar exclusivamente dietas, esos parlamentarios no van a legislar contra sus intereses el resto del año, mediante, por ejemplo, confiscaciones fiscales abusivas o excesivas reglamentaciones respecto a las profesiones que ejercen y de las que sacan el sustento para sus familias.
Texas como paradigma nos permite la comparativa respecto a la degeneración progresiva de nuestra clase política en casta parasitaria. Para el historiador Paul Johnson, los políticos profesionales fueron “la peste del siglo XX”. Esa pandemia se ha incrementado en lo que llevamos de siglo XXI. Es clave entender que en España no hay una clase política sino que se ha dado el paso a una casta parasitaria: un grupo homogéneo, con intensa solidaridad interna en torno a intereses comunes, que pasan por su enriquecimiento personal y que pervierten la democracia en su propio beneficio para dotarse de privilegios. Esa casta parasitaria no sólo es política, sino que constituye toda una trama que concentra el poder económico e impone su tiranía al conjunto de la sociedad, empobreciéndola. En muchos aspectos, es la tiranía perfecta porque se conjuga con los ritos democráticos, y por la red de intereses creados se muestra refractaria a todo cambio y tiene una gran capacidad para dictar condenas de ostracismo.
Frente a los parlamentarios de Texas, los nuestros se autoconcedieron la condición de constituyentes y desde esa posición se instalaron, primero, como clase política. En cuanto poder legislativo, urdieron la ley electoral y las listas cerradas, con el añadido de la ley de financiación de partidos, como un blindaje de su status. Se pusieron a reglamentar la vida de los ciudadanos, confiscando sus haciendas e incluso sus herencias, estableciendo por todas partes tasas. Mientras tanto, a pesar de las diferentes siglas, en relación con cada uno de sus privilegios –pensiones, dietas por vivienda, sueldos- todas y cada una de las decisiones se han ido adoptando por unanimidad.
La clase política es la instalación de personas que tienen la política como profesión; la casta parasitaria es esa misma clase política cuando perfecciona su control y se establece como vitalicia y hereditaria.