Enrique de Diego.
El edificio de la República Constitucional no estaría completo sin una Justicia digna e independiente, que controle el abuso de poder y lidere la lucha contra la corrupción cuando se produzca, sea quien sea el corrupto.
Todos iguales ante la Ley. Nada parecido al privilegio de la inmunidad para el monarca que ha dado en Juan Carlos de Borbón una corrupción irrestricta y avariciosa. «La inmunidad del jefe del Estado, de los miembros del Consejo de Gobierno, del Consejo de Legislación, de la Cámara de Representantes o del propio Consejo de Justicia, sería una idea tan bárbara como denigrante para la sociedad que la tolerase».
Don Antonio García-Trevijano tiene un alto concepto de la Justicia, mima todo lo relacionad0 con ella: «La reforma ha de comenzar por la base, Las cátedras de derecho civil, mercantil, penal, administrativo y social deben ser dotadas de mayores medios económicos, para que se cubran con los mejores juristas».
«Ningún jurista puede tener una compensación mayor, ni desarrollar una profesión más cercana a la esencia del derecho. Un juez jurista, y no meramente legista, es el regalo que la ciencia jurídica hace a los justiciables en particular y a la sociedad en general. El juez es un autor». De modo que «los aspirantes a la judicatura deben saber desde que salen de la universidad que no van a ingresar en un cuerpo de poder político. La función judicial no es un poder, sino una vocación de deber. Todo lo que se manifieste como poder de la magistratura, que no sea un estricto cumplimiento de su deber legal, cae en el terreno de la prevaricación».
«El cuerpo electoral de un Consejo de Justicia no puede ir más allá del sector social activa y profesionalmente interesado y comprometido en conseguir y mantener la independencia real y objetiva de la judicatura, por la dignidad de tan excelsa profesión jurídica». Perdida en el «estado de depravación» del Estado de partidos donde florece «la indignidad personal de los jueces y magistrados» aspirantes a políticos. «La ley prohibiría que volvieran a la función jurisdiccional los magistrados que ocuparan altos cargos en el Gobierno, antes de transcurrir cinco años desde el cese de su actividad política y nunca a la misma plaza o al mismo tribunal».
«El mal llamado poder judicial tiene competencia exclusiva para regular el modo de ingreso en la carrera judicial, los cambios de destino, los ascensos en el escalafón, la composición de salas de audiencias y de tribunales superiores de justicia, incluido el Supremo, y la canalización de las iniciativas legislativas procedentes de la judicatura». La independencia de la Justicia es total y absoluta; no existe el Ministerio de Justicia; no hay ninguna intervención del poder ejecutivo en el mundo judicial; «el ingreso en la carrera judicial lo decidiría la imparcialidad de tribunales mixtos de magistrados, profesores de la universidad con práctica forense y abogados de gran experiencia profesional, no adscritos a las asesorías de las grandes empresas».
Existiría un Consejo de Justicia, cuyo presidente sería elegido mediante elección directa y designaría a catorce miembros de la jurisdicción para integrarlos en el Consejo. «Serían electores, con un voto por persona, todos los agentes y partícipes activos del mundo judicial. Magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, oficiales de juzgados y tribunales, administrativos de destino o contratados, médicos forenses, peritos judiciales, ujieres, agentes ejecutivos, procuradores, oficiales de procuración, abogados en activos y catedráticos de Derecho. Serían elegibles los Magistrados con veinte años de experiencia en la judicatura».
Desaparece el Tribunal Constitucional sustituido por la creación de una Sala de lo Constitucional en el Tribunal Supremo. El Consejo de Justicia elabora sus propios presupuestos aunque se incluyan en los Generales del Estado.
El cambio es copernicano respecto a la situación actual de vergonzante y vergonzosa dependencia de la Justicia del poder político, en la que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por los partidos en negociaciones tortuosas de las cúpulas, porque «ningún partido estatal renunciará jamás al extraordinario privilegio de controlar la justicia que podría juzgarlo. La corrupción de partido estatal necesita un régimen de justicia paralelamente vinculado al régimen de la partidocracia», porque»con una justicia independiente todos los jefes partidos estatales estarían en la cárcel». Sin excepción ninguna.