Enrique de Diego.
Javier Marzal es presidente de ANVIPED, una Asociación que defiende el Estado de Derecho y defiende a los represaliados por el autoritarismo judicial. Es una de las voces más autorizadas en ese ámbito. Sus respuestas son extraordinariamente lúcidas:
- Mantener confinada a una nación repugna al sentido democrático. ¿En qué términos contempla el estado de alarma esa medida?
La Constitución establece, en su artículo 19, que “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional” Este artículo forma parte “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”. En el artículo 55.1 de la Constitución se dice que “Los derechos reconocidos en los artículos [..] artículos 19 […] podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución” y el artículo 116.3 dice cómo hacerlo, concretamente: “El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados”.
Como recoge la Constitución, la limitación de la libertad deambulatoria (derecho de circulación), sólo puede acordarse en el estado de excepción y mediante autorización expresa del Congreso de los Diputados, según establece el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
El Gobierno ha tomado una gravísima decisión inconstitucional limitando los derechos constitucionales y los derechos humanos de todos los españoles. Como ha dicho el jurista Ramiro Grau Morancho, ha dado un “golpe de Estado jurídico”´, siendo alarmantemente antijurídico. Cabe recordar las quejas del Presidente Sánchez contra el anterior Presidente Rajoy, acusándolo de actuar sin control parlamentario. Nunca en la historia de la democracia se ha realizado una actuación de este calibre.
- Se limitan los derechos personales y parece que el Estado de Derecho ha sido eliminado
Efectivamente, con esta declaración del estado de excepción, aunque formalmente se haya decretado el estado de alarma, el Gobierno se ha autoconcedido un poder dictatorial ilimitado y, además, ha legitimado todo tipo de abusos de las autoridades públicas contra los derechos humanos y fundamentales, destruyendo el Estado de Derecho.
Desconozco si los partidos políticos, especialmente aquellos que están subvencionados por formar parte de algún parlamento o consistorio, han recurrido al Constitucional contra esta medida del Gobierno o incluso penalmente contra todos los miembros del Consejo de Ministros.
- Se amenaza con que el confinamiento o arresto domiciliario puede prolongarse…
El estado de alerta puede decretarse por un plazo máximo de 15 días que es lo que ha hecho el Gobierno; sin embargo, el apartado dos del artículo sexto permite su ampliación en los siguientes términos: “Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”. Por tanto, en pocos días habrá un control del Congreso y habrá que ver que hace el resto de los partidos políticos en cuanto a prorrogar el estado de alerta y en definir esas condiciones. Dada la situación, la prórroga parece evidente, pero la duda surge en cuanto a si se van a hacer cómplices de este “golpe de estado jurídico” o si reconducen la situación acordando el estado de excepción y con qué condiciones.
- ¿Qué puede hacer el ciudadano ante esta situación?
Creo que el ciudadano debe aceptar las condiciones impuestas para facilitar el control del coronavirus, salvo las sanciones impuestas que son ilegales por lo antedicho.
Si pasados los quince días persiste esta situación antijurídica, la sociedad civil debería interponer una querella criminal contra el Gobierno y en su caso, contra los Diputados.