Redacción.
El Gobierno ampliará 15 días el estado de alarma. Así se lo ha comunicado el presidente, Pedro Sánchez, a los líderes autonómicos en la reunión telemática que está teniendo lugar esta mañana. No obstante, para hacerlo, el Ejecutivo deberá pedir autorización al Congreso de los Diputados.
En concreto, el artículo 6 de la Ley que rige el estado de alarma establece que éste «sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga».
Votación el miércoles
La prórroga se votará el miércoles en el Pleno del Congreso y los distintos grupos parlamentarios podrán hacer propuestas para delimitar su alcance, según establece el artículo 6 de la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Los grupos parlamentarios podrán defender y someter a votación las medidas que, desde su punto de vista, deban aplicarse en esa prórroga. El plazo para presentar estas propuestas finalizará dos horas antes del inicio del Pleno, que se ha fijado para las tres de la tarde.
La Mesa del Congreso ha habilitado la posibilidad de que los diputados cuyos grupos así lo soliciten puedan votar de forma telemática para que no tengan que desplazarse a Madrid y evitar así la expansión del Covid-19.
Precedentes
De los estados de alarma, excepción y sitio, en esta etapa democrática únicamente se ha activado el primero. Fue el 4 de diciembre de 2011 con motivo de la huelga de controladores aéreos. En aquella ocasión, el Gobierno tuvo que solicitar una prórroga al Congreso, pero no apuró los 15 primeros días de vigencia, sino que lo hizo el 14 de diciembre.
La Cámara aprobó la prórroga de 30 días propuesta por el Ejecutivo y el decreto inicial se prorrogó en sus mismos términos. También se sometió a votación otra propuesta sobre el alcance y la modificación del estado de alarma que no salió adelante.
Esta vez el Ejecutivo tampoco apurará los quince días y someterá a votación en el Congreso la prórroga del estado de alarma el día 25. La Junta de Portavoces, que se reunió de forma presencial y telemática el pasado miércoles, ya acordó reservar un punto de orden del día de esa sesión plenaria para la inclusión de esta prórroga, en el caso de que el Gobierno la solicitara.
La ley de 1981 también obliga al Gobierno a dar cuenta al Congreso, no sólo de la declaración del estado de alarma, sino también de todos los decretos en relación con éste que dicte bajo su vigencia y así como de suministrarle toda la información sobre el mismo que le sea requerida.
Por otro lado, el día 25 el Congreso también debatirá y votará los decretos leyes con medidas en el ámbito sanitario, económico y social para hacer frente a la pandemia aprobados los días 10, 12 y 17 de marzo.
En cualquier caso, según el orden del día aprobado, el Pleno del miércoles arrancará con la discusión de dos decretos ley que inicialmente se tenían que haber debatido el pasado 12 de marzo, en la sesión que la Cámara aplazó ante la ausencia de los 52 diputados de Vox, que se pusieron en cuarentena, tras conocer el positivo en coronavirus de su secretario general, Javier Ortega Smith.
Esos decretos, cuyo trámite de convalidación ya estaba a punto de caducar son el relativo a la reforma puntual del Estatuto de los Trabajadores para evitar despidos por bajas acumuladas y el que incluye medidas urgentes a agricultores y ganaderos por la crisis del campo.
Se espera que como ocurrió la semana pasada, la inmensa mayoría de sus señorías, no sigan la sesión de manera presencial, en aplicación de las medidas sanitarias aplicadas para evitar la expansión del virus.
Nota de Rambla Libre. Es un error mantener el estado de alarma y combatir mediante el confinamiento el coronavirus. La oposición debe oponerse. Un presidente del Gobierno que ha sido incapaz de proteger a los suyos, que tiene a su esposa, Begoña Gómez, a su madre y a su suegro infectados está inhabilitado para liderar esta crisis. Vamos a pagar muy caro el feminismo del 8 M, cuando Pedro Sánchez antepuso su estúpida ideología a la salud pública. Deben exigirse responsabilidades.