Enrique de Diego.
Las autonomías son el cáncer de España. La justificación para ponerla en marcha es que acercaban la Administración a la gente. Sin embargo, en aras de la eficacia, y en situación de emergencia sanitaria nacional, Pedro Sánchez asume la «unidad de mando» y el Gobierno asume las competencias de seguridad y sanidad. Es una decisión que conlleva la contrastación del fracaso de las autonomías. La cuestión es que, además, el sentir y la opinión mayoritaria es contraria al Estado autonómico: el 36% de los españoles son partidarios de recentralizar el Estado. A los políticos no les interesa, porque representan una oficina de colocación abrumadora
Las autonomías representan un sobrecoste anual de ineficiencia de 86.000 millones anuales. Son el cáncer de España que ha hecho metástasis. Se traspasaron a las autonomías 821.357 empleados. Según el INE y en consecuencia Eurostat el número de empleados públicos en España es de 2,5 millones, pero según la Agencia Tributaria infinitamente mas exacto son 3,4 millones, ¡900.000 mas!.
Para colocar a tan elevado número de gente, las autonomías se han dotado de la friolera de 2.671 empresas públicas, donde pueden colocar a dedo sin ningún concurso ni ninguna fiscalización. Las autonomías se comprometieron a cerrar 600 de esas empresas ficticias, pero sólo han cerrado 2.
De 213 estados sólo hay 25 descentralizados, o son muy extensos (Estados Unidos, Rusia, India, Australia, Canadá) o surgidos de pequeños estados buscando eficiencia y tamaño (Suiza). Aquí un territorio pequeño se ha troceado en 17. Tenemos 17 parlamentos, además de los nacionales, 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, 17 tribunales de cuentas, 17 gobiernos.
El gasto de las autonomías era de 160.544 millones de euros en 2007; en 2016 fue de 179.679 millones, con un incremento del 11,9%. En 2015, el aumento de la masa salarial autonómica fue del 4%, el del gasto corriente, el 5,2% y las subvenciones aumentaron el 5,2%.
Los parlamentos autonómicos se han dedicado a legislar generando barreras entre unas regiones y otras. Así, por ejemplo, había una licencia de caza nacional; ahora es precisa una para cada autonomía. Resulta más sencillo comerciar con otras naciones de la UE que entre regiones.
Las pensiones serían sostenibles si elimináramos las autonomías, en las que cada año se despilfarra el 10% del PIB.