Luis Bru.
«Detrás de la denuncia de Enrique de Diego de Ignacio Aguado está Pedro J». Es un alto dirigente crítico de Ciudadanos el que nos hace el comentario. «Pedro J no es de dar la cara, es de ir por la espalda, y la denuncia, a todas luces falsa, es una muestra clara. Ese es muy partidario de la libertad de expresión cuando la ejerce él pero totalmente contrario cuando la ejercen contra él: Quiere ser un hombre temido y ya no cuenta con ese poder».
«Mira, vosotros habéis publicado que Pedro J hablaba todos los días con Albert Rivera más de 20 veces al día. No era el único con el que hablaba, Ignacio Aguado era uno de los habituales. En Ciudadanos todo el mundo le ha hecho caso, porque se sabía que era el asesor aúlico del jefe, el Iván Redondo de Albert Rivera, e Ignacio Aguado es un hombre sin personalidad, un político gris y mediocre, un prepotente, pero luego está en primer tiempo de saludo, a ordeno y mando».
Puestos al habla con Enrique de Diego, nuestro director, resta credibilidad a los comentarios de nuestra fuente. «Pedro J no tiene sentido que esté detrás ni delante. Eso sería rebajarse. Un periodista de su nivel rebajándose a inmiscuirse en una cosa de tan poca monta. Si me han dicho que Pedro J Ramírez tiene un doble lenguaje en materia de libertad de expresión y que no es nada partidario de ese principio cuando él es el criticado. Pensar que Pedro J se dedica a esas cosas es darme demasiada importancia. No, no lo creo posible».
Ignacio Aguado presentó una querella contra Enrique de Diego por afirmar que la campaña electoral de las municipales de 2015 fue financiada irregularmente en Ciudadanos de Madrid obligando a los candidatos a autofinanciarse, lo cual es absolutamente cierto. Fue una compraventa de los puestos de salida. Ciudadanos en Madrid funcionó como una franquicia. Contra toda la lógica jurídica y la jurisprudencia, la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, Marta Alba, ha dictado auto de procesamiento por injurias y calumnias, sin hacer bien su trabajo, ni concretar qué partes del artículo considera delito, y ha puesto una fianza de 20.000 euros. La abogada de Enrique de Diego, María Dolores Esteve ha pedido la nulidad de actuaciones.