Josep Sansano.
Tuvo lugar el 10 de abril en el restaurante Casa Riquelme, y a la cena asistieron unos 70 miembros y simpatizantes de Vox, entre ellos el candidato al Congreso, general Manuel Mestre, y la candidata a las autonómicas, Ana Vega, quien llegó de las primeras y ocupó la mesa presidencial; Mestre, después, se sentó en una mesa normal y eso hizo que tuviera que moverse todo para que Ana Vega terminara junto a él en la nueva mesa presidencial.
Lo más llamativo fue que a la entrada del restaurante quien esperaba a los comensales como coorganizadora era Margarita de la Vega, esposa del exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. Cada vez son más los indicios de que Vox en Alicante está bajo la influencia de ‘Pitu’ Ripoll. Recientemente, Rambla Libre hacía pública una grabación de Eduardo Martínez Fuster, director de campaña de Vox, en la que afirmaba que “yo soy socio de Joaquín en algunos negocios”, “tengo el despacho en el mismo local”, “ni me relación política con él es de hace muchísimos años”, “no me separado de él ni un milímetro” y se definía a sí mismo como “uno de los fontaneros” de Ripoll.
José Joaquín Ripoll encarna la etapa más negra de la corrupción del Partido Popular en Alicante y se encuentra imputado en el caso Brugal en el que el fiscal pide para él 16 años de cárcel. Según el informe de la UDEF, tanto él como su esposa Margarita de la Vega gastaron 292.000 euros en 3 años de procedencia sin justificar, con algunos actos ostentosos como la celebración del cumpleaños de Margarita con 120 invitados, con un coste estimado de 20.000 euros; acto que tuvo lugar en el Restaurante El Maestral, propiedad de Antonio Arias, concesionario del transporte público de Alicante; y la puesta de largo de su hija menor, en el Casino de Alicante, con 172 comensales y un coste de 11.700 euros.
En el caso Brugal se le acusa de delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Ripoll será juzgado por mediar entre dos de los empresarios más salpicados por la corrupción de la Comunidad Valenciana: Enrique Ortiz, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante capital, y Ángel Fenoll, el capo de las basuras en la provincia. Ambos aspiraban a levantar y gestionar un macrovertedero en la Vega Baja que iba a dar servicio a 27 municipios del sur de la Comunidad Valenciana.
El negocio -un contrato público- era jugoso. Y la justicia, apoyada en una exhaustiva investigación policial desde 2008 a junio de 2010, cree que Ripoll se benefició de su jerarquía política para beneficiarse. Éstas son algunas de las dádivas recibidas por Ripoll según el escrito de la acusación de la Fiscalía: Una vida de lujo sin sacar ni un euro del banco. El líder del PP disfrutaba de una vida de lujo sin hacer transferencias bancarias, utilizar tarjetas o conseguir efectivo en el cajero. «No existen cargos relacionados con diversos aspectos aspectos de la vida cotidiana tales como productos alimenticios, combustible, comidas y bebidas fuera del hogar… «. Todo se pagaba en cash, dice el fiscal.
Pisos de regalo por un millón de euros
Ortiz y Fenoll estuvieron a punto de solucionar sus diferencias. El primero compraría al segundo la finca sobre la que iba el macrovertedero con una plusvalía asombrosa: el 2000 %. El terreno por el Fenoll pagó medio millón de euros iba a ser adquirido -finalmente el acuerdo se truncó- por 10 millones. En pago por su intermediación, Ripoll iba a recibir dos viviendas.
«La contraprestación en especie ofrecida por Fenoll eran dos viviendas en una calle céntrica de Alicante cuyo importe aproximado era de un millón de euros que vendría sufragado por el sobreprecio generado por la adquisición de la finca». Por esta razón, «Ripoll se involucró con tanto interés» en el asunto, escribe el fiscal.
Viajes de lujo con Ortiz
Ortiz también se habría ganado el favor de Ripoll agasajándole con viajes: uno, a la Feria de Abril. Otros dos, en yate a las Baleares. En 2008 a Palma de Mallorca y en 2009 a Íbiza. De acuerdo con un informe pericial, costaron 100.000 euros. Y según la policía, entonces se habló de «arreglar lo de Orihuela», la ubicación del macrovertedero que enfrentó a los empresarios.
La preocupación entre militantes de Vox respecto a que el partido se vea envuelto en futuras operaciones oscuras es muy alta y crece.