Editorial.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra está desobedeciendo a resoluciones administrativas de la Junta Electoral Central que le obligan a retirar los lazos amarillos que se exhiben en el Palau de la Generalitat y en ocho consellerias. Torra hace de cumplir la Ley con manifiesta ejemplaridad, pues de ahí se extrae la legitimidad con la que detenta el cargo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está, al tiempo, haciendo manifiesta dejación de sus funciones descargando la responsabilidad en la Junta Electoral Central, que es quien ahora debe poner la cuestión en manos de la Fiscalía. La actitud levantisca y de manifiesta deslealtad institucional de la Generalitat es motivo suficiente para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Las políticas de apaciguamiento llevan a la elevación del reto. Es el caso.