Carlota Mendía.
Ha sido una historia de despropósitos. Juana Rivas, la estrella mediática del feminismo, ha estado en todo momento mal asesorada. Tanta responsabilidad como ella tiene Francisca Granados, del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, que estableciendo conceptos delirantes como «violencia institucional» y jugando a la impunidad, llevó a Juana Rivas a una callejón sin salida, mientras era jaleada por instituciones y movimientos feministas.
La Audiencia de Granada, respaldando al juez, ha confirmado la pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por sustracción de menores. Hace dos veranos, mantuvo a sus dos hijos durante un mes en paradero desconocido incumpliendo resoluciones judiciales que imponían la entrega al padre, el italiano Francesco Arcuri. Juana Rivas aún puede recurrir al Supremo, pero sólo la Audiencia la da razón en una cuestión menor: debe abandonar a su expareja y padre de los hijos sólo 12.000 euros en vez de los 30.000 a los que fue condenado en primera instancia.
La Sección Primera de la Audiencia justifica su decisión en que Rivas cometió los dos delitos de sustracción de menores por los que fue condenada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y rechaza su argumento de que existe una causa justificada para que no entregara a los niños, en tanto que “por más que ella presente –a su expareja– como un maltratador no ha sido condenado por ello” y además no existía “peligro” para los menores si regresaban con el padre a Italia, donde tienen fijada su residencia.
Recuerda la sala que en esta causa se decide “exclusivamente sobre la no entrega de los menores pese a las resoluciones que así lo establecen, reteniendo a los menores, ocultos, sin que se supiera de su paradero”. Una conducta “delictiva” que supone “una desobediencia a la autoridad al incumplir sus resoluciones y por otra parte se infringe el derecho del menor a relacionarse con sus padres, a vivir en su ambiente, familiar, social, educativo, es decir a estar en su entorno, en lo que le es conocido”.