Miguel Sempere.
El partido Ciudadanos viene sistemática y presuntamente financiándose ilegalmente, pudiendo cometer sus dirigentes presuntos delitos electorales y de malversación de fondos públicos.
Vamos a sintetizar para la comprensión de todos nuestros lectores como se financia presuntamente ese partido, en tres fases. Se trata de un resumen de la “exceptio veritatis” a la absurda e infundada querella por injurias y calumnias presentada contra Enrique de Diego por el portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.
Primera fase. Nos remontamos al 11 de enero de 2015, el diario El País publica una encuesta que titula: “Podemos consolida su ascenso y Ciudadanos irrumpe con fuerza”. En esa encuesta se da a Ciudadanos una intención de voto del 8%, cuando hasta ese momento nunca había sobrepasado el 3%. Se incrementan las expectativas y aumenta la afiliación. Hay que formar candidaturas.
La dirección de Ciudadanos –un pequeño grupo ahormado en Barcelona- decide que tiene una marca de éxito y que va a funcionar como el franquiciador y las candidaturas como franquicias. Quienes vayan en esas candidaturas van a conseguir un sueldo, a cambio, contra todo el marco legal, tienen que autofinanciarse la campaña. A algunos incluso se les induce a la malversación de fondos públicos indicándoles que luego podrán resarcirse, una vez elegidos, de las asignaciones. Toda la campaña municipal y autonómica del 2015 se hace fuera de lo establecido en la Ley de Financiación de Partidos.
Fase 2: Una vez elegidos y formados los grupos en Ayuntamientos y Autonomías, se obliga a que éstos abran una cuenta en la que figuran como apoderados el secretario general, José Manuel Villegas, y el secretario de finanzas, Carlos Cuadrado. En esa cuenta, en el Banco Popular, sucursal de Círculo de Bellas Artes, Madrid, se ingresa el 100%. Y de ahí, a otra cuenta de gastos, se envía el 70% de la asignación, con lo que hay una presunta malversación de fondos públicos generalizada, porque ese dinero está previsto para el funcionamiento de los grupos. Quienes no están dispuestos a seguir esta directriz, son directamente expulsados.
Fase 3. Ante la existencia de denuncias, y especialmente una ante la fiscalía anticorrupción, que no hace nada la dirección de Ciudadanos da apariencia de cobertura legal al esquema con un contrato mercantil, por el que Ciudadanos se queda con ese 30% en concepto de asesoramiento y de gestión de proveedores. La cuestión es que al ser un contrato mercantil ese 30% tiene que estar justificado en facturas y Ciudadanos ha de pagar el impuesto de sociedades o en otro caso nos encontramos ante un fraude de Ley.
Es probable, que gracias a la metedura de pata de Ignacio Aguado, se pueda llegar hasta el fondo de este oscuro asunto que implica a la cúpula de Ciudadanos y al propio Albert Rivera.