Miguel Sempere.
Rambla Libre ha tenido acceso a sentencia del Juzgado de lo Social número 6, de Sevilla, por el que se declara nulo el despido del trabajador F.J.P. de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. La sentencia, que obliga a la readmisión inmediata y al pago de los salarios desde el despido nulo, considera que se trató de una represalia por la petición de información en torno a contrataciones y adjudicaciones irregulares.
El trabajador, con contrato indefinido y un hijo menor dependiente, representante de CSIF, denunció el suministro de agua de pozo, la colocación de pacientes mediante contrataciones irregulares y la adjudicación sistemática de contratos a las mismas empresas. El trabajador puso en conocimiento de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, mediante escrito. También denunció presunto acoso laboral a un trabajador y una trabajadora por parte del director de la empresa pública, Rafael Barón Esquivas. Solicitó información sobre las adjudicaciones en la construcción del Estadio de la Juventud.
Una de las constantes es la continua denegación de información. Así, remite hasta 21 correos electrónicos sobre irregularidades y hace numerosas peticiones, no atendidas, al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.
Las represalias se hacen constantes. Primero se le ordena un traslado forzoso a Granada, que es declarado improcedente. Se le deniegan hasta 22 citas médicas justificadas. A comienzos de 2017 se inician los trámites para el despido mediante un expediente disciplinario por haber llamado acosador a Rafael Barón Esquivas.
La sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla considera que el despido es una represalia por la pluralidad de peticiones de información y las denuncias a lo que el trabajador consideraba procedimientos irregulares, tanto en la contratación de personal, familiares de los directivos, como en las adjudicaciones a empresas.
La historia termina bien: el despido es nulo y ha de procederse a la inmediata readmisión con las mismas condiciones y el abono de los salarios. Un meritorio caso de lucha contra la corrupción, en este caso, en la Junta de Andalucía.