Miguel Sempere.
Los cuatro votos del PNV en el Congreso de los Diputados le dieron la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez con el Gobierno más débil de la democracia, así que el PNV ha movido ficha, amparado en el pandemonium catalán y en la dependencia de Moncloa, y avanza decididamente hacia la secesión. Esos cuatro votos van a costar muy caros.
Corrigiendo errores tácticos del secesionismo catalán, se pretende llevar a cabo una reforma del Estatuto, que ya ha sido pactada entre PNV y EH Bildu, en la que se desborda ampliamente el marco constitucional estableciendo la «nacionalidad vasca«, la bilateralidad y asumiendo todas las competencias de Justicia, tanto las del Tribunal Supremo y el Constitucional como las del Consejo Poder Judicial. También en el artículo 5 se establece que para «profundizar en la actualización de los derechos históricos«, el Gobierno y el Parlamento vasco pueden convocar «consultas y refrendos» sobre sus relaciones con el Estado español, rompiendo la legalidad actual. En el título VIII se amplía esta supuesta competencia: “se incorporará la previsión de la consulta habilitante de la norma institucional básica, de manera que, una vez sea aprobado por el Parlamento Vasco un nuevo proyecto político, con carácter previo al inicio de su tramitación ante las Cortes Generales, el mismo sería sometido a una consulta habilitante de la ciudadanía vasca”.
La autonomía actual pasaría a llamarse alguna de las siguiente opciones reseñas en el borrador: Comunidad estatal vasca; Comunidad de carácter nacional; Comunidad foral vasca; Comunidad nacional vasca; Estado autónomo vasco; y Estado foral vasco. Lo que llaman “Vínculo con el Estado español” se establece en términos de bilateralidad: “nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo y de no subordinación, y a tal efecto se anudará un sistema de relación bilateral efectiva e incorporará un régimen eficaz de garantías que blindará el autogobierno vasco”.
Tras esta declaración de independencia, PNV y EH Bildu pasan a asumir todas las competencias en materia de Justicia, creando el Consejo General Judicial Vasco, que gobierna sobre los magistrados y fiscales en su ámbito territorial, culminando toda la estructura en un Tribunal Superior de Justicia Vasco. Las instituciones vascas tendrían plena independencia en la designación de los magistrados y jueces y nombramiento de secretarios y auxiliares de la Administración de Justicia, así como la organización y funcionamiento de un Ministerio Fiscal propios. Se anulan, por tanto, las competencias del Consejo General del Pode Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. También se establece la intervención directa ante el Tribunal de Justicia de la UE.