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Villarejo acusa al número dos de Margarita Robles de pagarle para espiar a José María Aznar

Redacción




Miguel Sempere.

Mafia policial, con José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y otros, mafia judicial, en la Audiencia Nacional, con Baltasar Garzónbalta«, para los amigos-, Dolores Delgado, ministra de Justicia, y el juez Santiago Pedraz, comensal habitual con Villarejo, y mafia política socialista. Porque todo este entramado de las «cloacas del Estado» ha servido a varios señores, pero sobre todo al PSOE.

Torpedo a la línea de flotación del número dos del Ministerio de Defensa, Ángel Olivares. En grabaciones publicadas por el digital Moncloa.com Villarejo acusa a Olivares de haberle encargado y pagado para espiar e investigar a José María Aznar en su etapa de presidente de la Junta de Castilla y León. También desvela que Baltasar Garzón le citó para encargarle investigaciones sobre la Gürtel, un día antes de hacerse con ese caso. La mierda no es que se revuelva es que desborda. ¿En qué manos estamos?

Villarejo mantiene una conversación con varios mandos policiales: el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico, y sus compañeros Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’ y Gabriel Fuentes. En ella, sale a colación que Ángel Olivares, actual secretario de Estado de Defensa y número 2 de Margarita Robles, el encargó una investigación que incluía pinchazos telefónicos ilegales -«pinchar el nuto», en jerga policial- y por la que cobraba en dinero negro. Olivares, según Villarejo, se lo llevaba puntualmente en bolsas de El Corte Inglés.

 «Iban a cazarlo con aquel empresario que luego lo terminaron imputando. Me dijeron, oye, pica los canutos, no sé cuantos y a mi el Olivares iba con una bolsa de El Corte Inglés con la pasta en crudo, pues me pagaba».
Olivares era entonces concejal del Ayuntamiento de Burgos, del que luego sería el primer alcalde socialista. Entre 1994 y 1996 fue director general de la Policía. Coincidió con Margarita Robles cuando ésta era secretaria de Estado de Seguridad en el Ministerio que dirigía Juan Alberto Belloch. El empresario al que hace referencia es Miguel Méndez Pozo, condenado en 1992 por corrupción a siete años de prisión.