Miguel Sempere.
La Comisión que investiga la financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado, según ha podido saber Rambla Libre, toda la documentación existente en las Cortes Valencianas sobre Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat SA, una empresa que se dedicaba a construir nuevos colegios y equipamientos educativos, que se creó en el año 2000 y en el 2007 tuvo un déficit de 51,6 millones.
Se detectaron más de 1.000 millones de sobrecostes en la construcción de colegios a través de la empresa publica Ciegsa que se repartían entre el PP valenciano y las empresas constructoras, según las investigaciones realizadas por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Las adjudicaciones se hacían a las empresas que presentaban las ofertas más baratas, que incluso llegaban a ser temerarias, y que con los sobrecostes posteriores, que rondaban entre el 20 y el 40%, se sacaban los beneficios de las empresas y también una parte para contribuir a la financiación ilegal del PP.
Las empresas beneficiadas eran Construcciones Luján o Cleop, empresarios amigos del gobierno autonómico, que recibían las adjudicaciones sin control administrativo y fuera de la ley. Así, tras recibir la adjudicación a la baja, se producía durante la construcción de los centros el sobrecoste del presupuesto sin que ello significara ninguna mejora en la obra, sino que iban a repercutir en un mayor beneficio para la empresa, así como un pago para el PP valenciano.