Caso Botín: Repaso al ultralacayo Ignacio Escolar y cuatro fiscales



Enrique de Diego.

El Diario de Ignacio Escolar y George Soros ha arremetido contra Rambla Libre y contra mí suplantando a Ana Patricia Botín y haciendo de gabinete de prensa del Banco de Santander. En su burda manipulación, ha tergiversado los hechos, ha echado mano de la insidia inquisitorial y ha imputado delito de extorsión a Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, con todas las pruebas en contra de lo afirmado con falsedad por el El Diario. Frente a ese ejercicio de periodismo basura, al servicio de la casta y los poderes oscuros, vamos a dar un repaso al ignorante ilustrado de Ignacio Escolar y a cuatro fiscales presuntamente negligentes. Estos son los hechos de la judicialización del caso Botín:

En mayo de 2015, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad se entrevistó, en la sede de la Fiscalía General del Estado, con tres fiscales, mujeres todas ellas, para hacerles entrega de un “documento notarial” que le había hecho llegar Juan Muñoz Bloise, quien en los años noventa había sido director de Confidencial2000Press, en el que directamente se acusaba a Ana Patricia Botín de ser la inductora del asesinato de su padre.

El notario Francisco Javier Monedero.

El propio notario, con despacho en el número 2 de la Calle Eduardo Dato, Francisco Javier Monedero San Martín, que dio fe, el 26 de abril de 2015, de las acusaciones de Juan Muñoz Bloise, mantuvo una conversación telefónica el 17 de abril de 2015, a las 09,15 horas, con el fiscal jefe superior de la Comunidad de Madrid y 15 minutos después se trasladó a la sede de Fiscalía y entregó un sobre precintado con sello notarial.

Ningún fiscal hizo nada. Ninguno de esos cuatro fiscales cumplió con su deber de perseguir el delito o bien abrir investigaciones sobre las acusaciones o, si eran infundadas, proceder contra el citado Juan Muñoz Bloise por injurias y calumnias, de tanta gravedad. Ese informe, contenido en dos páginas, es en lo sustancial idéntico a la querella presentada primero en la Audiencia Nacional, que se declaró incompetente, y posteriormente en el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, donde “está paralizada”, según declaraciones a Rambla Libre del letrado Carlos Javier Sánchez-Vico. Éste, en nombre del secreto profesional, se negó a dar el nombre del querellante al que representa. La similitud completa entre el “documento notarial” de 2015 y la querella aparcada en Instrucción 1 de Madrid hace pensar que posiblemente el querellante puede ser Juan Muñoz Bloise, al que algunos situaron en el pasado en la órbita de Mario Conde y que, en su día, fue denunciado por Juan Abelló, quien le acusó de haberle pedido 20 millones por retirar de la circulación un informe sobre irregularidades fiscales, personales y de sus empresas. El Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid condenó a Juan Muñoz Bloise a cinco meses de cárcel e inhabilitación.

Ana Gamazo y Juan Abelló.

Informe cierto sobre Juan Abelló y Ana Gamazo

Aunque es relevante resaltar que en el juicio quedó probado que el informe era cierto, así lo corroboró en sede judicial el Inspector de Hacienda que lo había realizado. El informe reseñaba cuentas de Juan Abelló y su esposa, Ana Gamazo, en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes, Curasao y Samoa. El inspector que realizó el informe mostró en el juicio su estupor -no se lo explicaba- por el hecho de que la Agencia Tributaria no siguiera adelante con el procedimiento. ¿Por qué la Justicia no investigó a Juan Abelló? ¿Quizás porque hay una Justicia para las sardinas y otras para los tiburones?

En el documento notarial, se afirma que Emilio Botín fue “vilmente asesinado en su despacho de la Ciudad Financiera del Santander, tras inyectarle una cantidad mortal de penicilina en el cuello“. También se establecía la pregunta de “¿por qué no se le hizo la autopsia a Emilio Botín?”.

Resulta incomprensible que la fiscalía no haya actuado en ninguno de los dos sentidos reseñados. Estos hechos fueron utilizados en su momento por la UDEF y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz contra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en lo que parece constituir una operación política para sacarle de la circulación -pasó ocho meses en prisión preventiva- por haber denunciado el caso Nòos y específicamente a Cristina de Borbón.

Miguel Bernad. /Foto: ramblalibre.com.

Ética y responsable actuación de Miguel Bernad

Miguel Bernad, según declara a Rambla Libre, consideró que Juan Muñoz Bloise podía intentar utilizar a Manos Limpias y “enfrentarme con el Banco de Santander y su dirección“, por lo que puso en conocimiento de Ana Patricia Botín el documento notarial remitiéndoselo a través del director de su sucursal del Santander para su envío por la valija del Banco. Ante la falta de respuesta, y por la gravedad de los hechos denunciados, es cuando recurrió a la Fiscalía, sin que ésta haya actuado. En el escrito dirigido a Ana Patricia Botín, Miguel Bernad indicaba que “creemos que están tratando de utilizarnos como ariete contra usted pretendiendo que el asunto salte a los medios con objeto de que usted quede desacreditada ante su propio banco y la opinión pública en general“. En el documento, Bernad aseguraba que Manos Limpias no dudaba de la “recta moralidad de la máxima responsable de la entidad y se ofrecía a entregarle “a usted o persona de su máxima confianza, la información que obra en nuestro poder“. Eso sí, “sin esperar nada a cambio“. Esta cuestión fue filtrada con fines espurios y presentación manipulada a través de Voz Pópuli, El Confidencial y Abc. Y ha sido recuperada ahora de manera tergiversada y con afán manipulador por El Diario de Ignacio Escolar.

Emilio Botín. /Foto: elcaso.es.

Hay preguntas claves en esta historia que deben ser respondidas con urgencia: ¿dónde murió realmente Emilio Botín, que en ningún caso falleció en el chalet de Somosaguas, donde no vivía? ¿por qué se dio la versión oficial de que había fallecido en Somosaguas? ¿para mantener las apariencias de un matrimonio muerto y de una familia surcada de conflictos? ¿hubo o no hubo autopsia para determinar si el óbito había sido por infarto? ¿por qué no ha actuado la Fiscalía, que por dos cauces ha recibido la denuncia? El silencio debe terminar.

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