Enrique de Diego.
Tal y como adelantó Rambla Libre, se ha puesto en marcha una operación, diseñada desde el Gobierno y pactada con los sediciosos, por la que el sumario existente en la Audiencia Nacional bajo la juez Carmen Lamela, y que ha significado el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y siete exconsellers- se pretende que pase al Tribunal Supremo. Para ello, como avisó Rambla Libre, es preciso negar la mayor: la declaración de independencia, a pesar de que notoriamente se produjo con votación de 72 diputados del Parlament, fue «simbólica«, tal y como hoy ha declarado en el Tribunal Supremo la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, quien, además, ha indicado que acata el artículo 155.
Mientras las gentes, de uno y otro lado, anda por las calles con las banderas enarboladas, en las alturas se pacta, en lo que no se puede calificar más que como un enjuague. Las fuentes gubernamentales que informaron a Rambla Libre dejaron bien claro que el objetivo es que todos salgan a la calle y que Carmen Lamela no lleve el sumario de la sedición. Al frente de esa operación, Rajoy ha puesto a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, con su equipo de abogados del Estado.
Se trata de un juego de castas, con mínimas concesiones por parte de los separatistas, que se hurtaran de las responsabilidades de sus actos. Carmen Forcadell y los otros miembros de la Mesa del Parlament han cambiado su estrategia de defensa, de forma que sí han respondido a las preguntas de la Fiscalía, por lo que se entenderá como colaboración con la Justicia.
La traslación del esquema de hoy a los que están en prisión preventiva en Estremera y Alcalá Meco hará que todas las causas sean trasladadas al Tribunal Supremo, un ámbito completamente controlado por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.
Exclusiva: El Gobierno pretende retirar el caso de sedición de la jurisdicción de Carmen Lamela