Enrique de Diego.
Aquí hay una Justicia para las sardinas y otra para los tiburones, una para los patriotas -entre 4 y 5 años para los patriotas de Blanquerna- y otra para los sediciosos, una para los ciudadanos de a pie y otra para los separatistas. Por ahí anda Jordi Pujol votando tan campante. El viernes acudieron a declarar a la Audiencia Nacional, Josep Lluís Trapero, Jordi Cuixart, de Ómnium Cultural y Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana. Es decir, de la manifiesta trama militar y la trama civil del golpe que encabeza Carles Puigdemont.
La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela los dejó ir sin una sola medida cautelar; ni ingresaron en prisión preventiva, ni se les recogió el pasaporte ni se les obligó a acudir cada cierto tiempo al Juzgado. Nada de nada. No hay riesgo de fuga porque lo que quieren es fugarse con Cataluña bajo el brazo. A estas horas, Carmen Lamela debería estar, cuanto menos, fuera de la Administración de Justicia. Es un decir, porque aquí vale todo. El fiscal, que depende del Gobierno, no pidió nada. Ahora presenta un informe para que se amplíe la causa con hechos anteriores y posteriores, llegando al 1 O, a la cuestión encausada relativa a las protestas del 20 y el 21 de septiembre, ante la Conselleria de Hacienda que estaba siendo registrada por 18 guardias civiles, que tuvieron que mantenerse dentro durante horas. Se supone que el fiscal podría haber presentado ese informe, antes, ha tenido tiempo. Otro que es una vergüenza nacional.
Esto suena a tongo y a Estado de deshecho. En España, en 2016 había 7.732 presos preventivos, seguro que la inmensa mayoría habían hecho cosas mucho menos graves. El delito de sedición es de extrema gravedad. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart son los que lideran la cobertura social al golpe; los que convocan y marcan los objetivos. Sánchez sólo declaró a preguntas de su abogado que «en ningún momento en el ánimo de los más de 50.000 manifestantes estaba el de alterar, como pretende decir la Fiscalía, el orden constitutivo de los Gobiernos de España». Una tomadura de pelo que la jueza Carmen Lamela aceptó sin que se le movieran las pestañas. Es una evidente falsedad: el ánimo es destruir España, es sedición y rebelión, organizadas. Los golpistas están en la calle y al frente de la Generalitat, Y no pasa nada. Es de justicia que Antonio Tejero denuncie el agravio, se le debió dejar libre para ir a buscar más unidades.
Es todo tan lamentable y tan patético. El sistema ha mantenido nueve meses en prisión preventiva a Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, sin que mediara denuncia, ni hubiera indicio alguno, y tres golpistas que están perpetrando la sedición a la luz del día se vuelven tranquilamente a casa, entre el aplauso de los suyos, para seguir dando el golpe y culminarlo.
En la historia de la estupidez humana no se había llegado nunca tan lejos. Lo de la jueza Carmen Lamela marca un hito, un récord; un abismo de ceguera e infamia en una Justicia de deshecho, con un fiscal que seguramente ha tenido en cuenta órdenes de hacer la vista gorda por una mal entendida prudencia, tan ejercitada en cuatro décadas de cesión y de Justicia a la carta. Los golpistas tienen vía libre.