Enrique de Diego.
El lunes el Parlamento catalán declarará la independencia. Los separatistas de común ya han acordado celebrar un Pleno «ordinario excepcional» para «valorar los resultados y sus efectos» en base al artículo 4 de la ley de Referéndum. La rebelión avanza por la senda de la ilegalidad y el delito. Carles Puigdemont comparecerá. El llamado referéndum, un caos amorfo, un pucherazo completo, no frece ninguna base, así que la responsabilidad directa recae sobre los diputados de Junts pel Sí y la CUP, que es la que lleva la voz cantante y ha exigido perentoriamente que del lunes no se pase. Es su día D, que coincide, por cierto, con la fiesta autonómica de la Comunidad Valenciana.
Es fundamental que el artículo 155 sea aplicado con anterioridad, que la Generalitat sea intervenida y el Parlament cesado en sus funciones. La tesis que se traslada insistente desde Moncloa es que esa aplicación sería a posteriori, entre otras cosas, porque no se cuenta con el apoyo del PSOE. Es un error, un grave error. La declaración de independencia va a sumar una fuerte carga emotiva a la rebelión que incendiaria los ánimos y elevará el coste de la solución. Es lamentable que cuestiones tan obvias no sean percibidas por los dirigentes de España en estos momentos decisivos. Cabe confiar en que lo obvio se abra paso. Lo que hay que hacer, se hace, sin vacilar, sin miramientos. La falta de iniciativa, el ir detrás de los acontecimientos, es, sencillamente, fatal.