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Roberto Centeno: Secesión de Cataluña: Suspensión de pagos, hundimiento de las pensiones y corralito

Redacción




Roberto Centeno. /Foto: YouTube.com.

Miguel Sempere.

El Catedrático de Economía, Roberto Centeno ha cuantificado, en su columna El Disparate Económico de El Confidencial, las consecuencias para Cataluña de una hipotética secesión:

1.- Cataluña perdería un tercio del PIB, nacería con una deuda pública insostenible, su moneda se depreciaría en torno al 30%, la fuga de capitales obligaría a implantar un ‘corralito’ y los 1,68 millones de jubilados perderían un 21,5% de sus pensiones.

2.-  El banco europeo ING: “El resultado será incertidumbre, hundimiento del poder de compra de las familias, reducción de la inversión directa y de la demanda exterior”. “La salida del euro llevará a una situación crítica al sector privado”. “Las encuestas muestran que el 62% de los catalanes está preocupado por el futuro si se independizan. De ahí solo hay un paso para que moderen su consumo, y si esa preocupación se convierte el pánico, como en Grecia, será necesario intervenir los bancos e instaurar un control de capitales”.

3.- La salida de la Unión Europea está prevista en los Tratados y es automática. La vuelta ha de hacerse por unanimidad de todos los miembros. Ni España, ni Italia, ni Bélgica, ni Alemania, ni Hungría, ni varios más lo aceptarían.

4.- Las exportaciones de Cataluña en 2016 ascendieron a 65.160 millones de euros, las mayores de España, pero mucho mayores aún son las importaciones: 78.344 millones. Cataluña es la principal responsable del déficit comercial de España: el 6,2% de su PIB, tres veces más que el déficit del resto de regiones, que es del 2,1%. ¿Y qué va a pasar cuando Cataluña sea expulsada de la UE? Las pérdidas del Brexit se estiman en el 3% del PIB, pero aquí será mucho peor.

5.- Las multinacionales de alimentación y farmacia abandonarían la región al perder la oportunidad de abastecer al resto de España (entre el 50 y el 80% de sus ventas) y estar sometidas a arancel sus exportaciones a la UE. Cataluña perdería unos 6.000 millones solo de estas dos industrias, y en el resto una cifra similar a la de Reino Unido con el Brexit. En total, una pérdida de 10.000 millones o el 4,7% del PIB, y unos 180.000 empleos.

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6.- No existe ninguna región en el mundo que tenga un excedente tan enorme con el resto del país como Cataluña. De los 20 principales mercados de Cataluña, 11 son regiones españolas. Venden a Aragón más de lo que exportan a Francia o Alemania, y a Andalucía, más que a Italia. En 2016, las ‘exportaciones’ catalanas al resto de España ascendieron a 61.000 millones de euros, y las ‘importaciones’, a 43.000 millones, lo que representa un superávit enorme de 18.000 millones, y eso sin incluir los servicios, donde la balanza es más desfavorable aún por los servicios financieros (Sabadell, CaixaBank).

7.- Cuando hay secesión, las relaciones comerciales entre las partes separadas se desploman, desde un 70% en las amistosas a más de un 90% en las no amistosas. Esto significaría que las ventas de las empresas catalanas a España caerían en unos 54.000 millones. Los servicios financieros pasarían a cero. En conjunto, cerca del 30% del PIB.

8.- La deuda pública total de España (no solo la PDF) es de 1,54 billones de euros. Y se ha repartido en todos los procesos de separación o en función del PIB (República Checa y Eslovaquia; Balcanes y Rusia), o en función del PIB per cápita (lo previsto con Escocia y Quebec). Para Cataluña, serían 291.000 millones de euros por el PIB o 347.000 millones por el PIB per cápita. Es decir, ¡el 135% o el 161% de su PIB! Esto lleva directamente a Cataluña a la suspensión de pagos.

9.- En cuanto a las deudas privadas, las empresas catalanas deben 321.000 millones de euros y las familias, 102.000 millones.

10.- Cataluña saldría del euro y tendría que emitir una moneda propia, que se devaluaría de inmediato respecto al euro. Durante la crisis griega y su eventual salida del euro, se hicieron numerosos estudios sobre el comportamiento del dracma en caso de salida, fundamentalmente por los grandes bancos suizos, y la conclusión fue clara: el dracma se devaluaría en un 50% frente al euro en dos años; una depreciación del 30% para la nueva moneda sería un mínimo, lo que llevaría la deuda pública al 175% (reparto por PIB)/209% (reparto por PIB per cápita) del PIB catalán.

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11.- En los procesos de secesión, “cuando la viabilidad de un nuevo país se cuestiona, los flujos financieros y de capital son el mayor elemento de incertidumbre”. En Escocia, a pesar de ser una región con unos enormes recursos petroleros y con una renta per cápita superior a la de Cataluña, y con expectativas de entrar en el euro, se estimó una fuga de capitales entre 20.000 y 100.000 millones de libras (Credit Suisse, HSBC, Citigroup, UBS). En Cataluña —cuyo PIB es el doble y que además saldría del euro—, estaríamos hablando como mínimo de entre 44.000 y 220.000 millones de euros. El control de capitales sería inevitable. O sea: el corralito.

12.- Cataluña gastó 23.159 millones en pensiones en 2016, e ingresó por cotizaciones 18.159 millones, un déficit de 4.934 millones, el 21,5%. Es donde más gasta la Seguridad Social en pensiones: representa el 15,9% de la población española, pero en ella se cobra el 17,9% de las pensiones contributivas. La pensión media de la región es un 3,7% superior al promedio nacional. Andalucía, con un millón de habitantes más, tiene 180.000 pensionistas menos. En el conjunto de España, el déficit de las pensiones se cubre con deuda gracias a la barra libre del BCE; en una Cataluña independiente, eso sería imposible. Sepan pues los pensionistas catalanes la ruina que les espera con la independencia: perderían el 21,5% de sus pensiones.

13.- El PIB caería un 34%, por la caída del comercio exterior e interior. La nueva moneda perdería un 30% de su valor, lo que llevaría la deuda pública al 175-209% del PIB, y a las familias y empresas endeudadas en euros, a la ruina. La fuga de capitales sería tan enorme que obligaría a implantar controles, es decir, el corralito. Finalmente, los pensionistas perderían un 21,5% de sus pensiones, igual que los sueldos de los empleados públicos, que obviamente no podrían mantenerse.