Luis Bru.
El Gobierno pagará directamente los servicios públicos de Cataluña, como las nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Cristóbal Montoro da 48 horas, hasta su publicación en el BOE, a la Generalitat para que vuelva a la legalidad, y remita los informes semanales de gasto, o procederá a intervenir las cuentas: el acuerdo de no disponibilidad de la Generalitat ascenderá a 1.400 millones que sólo se pagarán si hay por medio una certificación de gasto.
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Montoro ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha tomado esta decisión «ante la situación de manifiesta ilegalidad» en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo «de control de pagos novedoso». «Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar. E intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando».
El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos «no afecta al ejercicio de las competencias», pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre. «Establecemos la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado», ha dicho el ministro de Hacienda, ante la «incertidumbre» que están generando las decisiones políticas de la Generalitat sobre el referéndum.
Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el Ministro de Hacienda quien lo adopte. Ha recalcado que está «en juego» el interés general de los catalanes y el conjunto de los españoles y la defensa de la ley y la Constitución.