Luis Bru.
Choque institucional cada vez más fuerte con los mossos como la piedra angular. Los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona tienen que abrir inmediatas diligencias a los alcaldes que han hecho pública su intención de colaborar con el referéndum ilegal del 1-0, cuyo listado se ha hecho público en la web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Si cuando sean citados, los alcaldes no comparecen, declarándose en rebeldía, los mossos tendrán que detenerles y llevarles al Juzgado. ¿Lo harán? Cada vez más la situación pasa a depender de ellos.
Dado el gran número de alcaldes sediciosos, 712, las diligencias se iniciarán por los de municipios de mayor población. José Manuel Maza, Fiscal general del Estado, recuerda las suspensiones del Tribunal Constitucional respeto al referéndum y advierte de que los alcaldes que colaboren pueden cometer un delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Por ello, ordena a los fiscales provinciales, y en su caso a los fiscales de área, que abran diligencias de investigación en relación cada uno de los ayuntamientos, y “se cite, por medio de la policía judicial, el alcalde para que declare en calidad de investigado y asistido de letrado”. “En caso de que el alcalde citado no comparezca, se acordará su detención y presentación en la Fiscalía, oficiando los Mossos como policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”.
Para el Fiscal General del Estado, la notoriedad de la prohibición de “los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación” hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de “al menos” los delitos de desobediencia y prevaricación “en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico”, ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos. Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años “en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas”.
Dos alcaldes de la CUP, en rebeldía preventiva
La CUP tiene 28 alcaldes y ya han anunciado que no comparecerán ante Fiscalía, que tendrán que ir a buscarles. «Si quieren saber alguna cosa, nos tendrán que venir a buscar», ha sentenciado el regidor de Argentona, Eudald Calvo. En concreto, la CUP cuenta con 28 alcaldes que han firmado en apoyo de la Generalitat.