Enrique de Diego.
Hoy -con los cuerpos aún calientes de las víctimas de Las Ramblas y Cambrils del terrorismo islamista y la negligencia de la degenerada casta política catalana- se ha perpetrado un golpe de Estado en toda regla que debe ser contestado sin ninguna dilación.
Lo que llaman Ley de Transitoriedad es una Constitución en la que se afirma que «la soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del cual emanan todos los poderes del Estado». Esto es un ataque directo a la integridad territorial de la nación y un claro delito de sedición perpetrado a la luz del día, con nombres y apellidos, cuyos autores –Luis M. Coromias, Marta Rovira, Mireia Moya y Benet Salellas– deben ser detenidos de inmediato y puestos a disposición de la Justicia.
El Gobierno no puede mirar para otro lado, no puede hacerse el sordo, como ante los abucheos, sino que el delito ha sido consumado y está tipificado en el Código Penal:
Artículo 544.
Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.
Artículo 545.
1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
2. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.
Es notorio que no existe vía legal alguna para promover la sedición de una parte del territorio español, cuya defensa, por cierto, es misión esencial de las Fuerzas Armadas, según el artículo 8 de la Constitución.
Esa llamada Ley de Transitariedad, que es una Constitución provisional, en un auténtico caos jurídico de los sediciosos, crea una nueva nacionalidad catalana e incluso se permite tolerar una doble nacionalidad, pues «no exige la renuncia de la nacionalidad española».
Se trata de un hecho tan grave o más que el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 de Antonio Tejero.
Esto no es un debate político, no es cuestión de aritméticas parlamentarias, ni de conjuras de salón, esto es llevar a la nación al precipicio y saltarse todas y cada una de las normas del Estado de Derecho.
Los firmantes de esa Ley de Transitoriedad son golpistas y delincuentes y como tales han de ser tratados con el monopolio de la violencia que corresponde al Estado.