Miguel Sempere.
Los tres interventores de la candidatura de Francisco Maestre, Margarita Vázquez Pérez, Segundo Contreras Sánchez y Manuel Núñez Bañó, representados por el procurador Julio Martí Gomis y los abogados José María Bueno Manzanares y Fermín Guerrero Faura, solicitan en el Juzgado de Guardia que el Partido Popular reconozca la ilegalidad de sus recientes elecciones, celebradas el pasado 7 de julio.
Se trata de «demanda en solicitud de acto de conciliación frente al Partido Popular de Alicante. Solo 800 militantes de los 14.000 pudieron ejercer su voto, con lo que se produjo, según el escrito, una lesión de los derechos personales, en cuestión tan fundamental como el derecho del voto. Los demandantes consideran que el PP «debió requerir de pago a los militantes que no estaban al corriente«.
De hecho, el PP de Alicante no ha requerido a ningún miembro a que se ponga al corriente de sus cuotas; no ha advertido que el no estar al corriente significaría la privación de un derecho fundamental; no ha intentado cobrar a ningún afiliado, por lo que no se puede hablar de militante moroso; por lo que se ha privado de un derecho fundamental al 99.50% de los afiliados o militantes del PP.
El escrito presentado en el Juzgado de Guardia entiende que todo ello «convierte en claramente anulable» la convocatoria electoral celebrada» y exige que el PP reconozca la ilegalidad. Si no hubiera avenencia en el acto de conciliación, se darían nuevos pasos judiciales, según fuentes de los denunciantes. Francisco Maestre estuvo presente en la entrega de la denuncia ante el Registro como muestra de apoyo.