Miguel Sempere.
Es probable que Albert Rivera no distinga, desde hace tiempo, entre la ficción y la realidad o que no esté informado de la financiación de su partido, pero si la Comisión de Investigación en el Senado entra a fondo puede afirmarse que no hay ilegalidad que no haya cometido Ciudadanos en su financiación. Y que ese funcionamiento ilegal es estructural, jerárquico y establecido por la cúpula.
La Ley de Financiación de los Partidos establece que cada uno ha de funcionar con su CIF correspondiente y con una contabilidad que pueda ser fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Nada de eso puede predicarse del funcionamiento de Ciudadanos.
Compraventa del puesto y del cargo
Como desveló Rambla Libre, el 4 de marzo de 2015, en la Asamblea de Ciudadanos de Fuenlabrada tomó la palabra Patricia de Frutos, quien dio una visión positiva de la marcha de Ciudadanos, con nuevas afiliaciones, carpas informativas y la visita del candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Luego se pasó revista a diversas iniciativas para tener más presencia en la calle y en las redes. Algunas dudas de los afiliados fueron resueltas por Ángel Sobrino e Iván Benavente.
Al final de la reunión se trató el presupuesto de la campaña electoral. “Patricia de Frutos toma la palabra e informa que en el proyecto presentado en Madrid, ha incluido como forma de financiación que los cinco primeros puestos de la candidatura deben de garantizar un mínimo de financiación para la campaña (esta cantidad debe ser de unos 11.000 euros, si no encuentra financiación externa o de los afiliados)”. Uno de los requisitos establecidos por la dirección de Ciudadanos es “un compromiso por parte de la agrupación de garantizar los medios para llevar a cabo la campaña electoral”. Se pregunta “a los afiliados si tienen alguna propuesta o fórmula de financiación para cubrir los gastos restantes de la campaña”.
Se trata, por tanto, de una consigna dada desde arriba, por la que los «candidatos de salida» han de asegurar la financiación de la campaña. Es como si compraran los cargos por 11.000 euros; una degradación completa de la democracia. Más aún, lo que establece Ciudadanos es que no va a haber ninguna contabilidad de la campaña, ni una financiación propiamente dicha y fiscalizable, sino que se trata de una especie de «sálvese quien pueda«. No se trata solo de Madrid, lo que ya implica a Ignacio Aguado y Begoña Villacís, en financiación irregular e ilegal del partido, sino que ese esquema se repite, con variantes, en toda España.
Endosando los gastos a la Asamblea de Murcia
Así, en Murcia, durante la campaña de las elecciones locales y autonómicas, en Murcia, se generaron facturas a nombre el partido que la directiva nacional se negó, posteriormente, a asumir. Una de las más abultadas fue la generada por las papeletas encargadas por Miguel Garaulet que ascendía a 17.000 euros.
Las empresas con las que se había contratado empezaron a presionar para cobrar. Según fuentes internas de Ciudadanos, la postura de la dirección nacional era que hicieran frente a los pagos los dirigentes de Murcia que habían hecho los encargos.
La situación fue puesta en conocimiento del delegado territorial, Emilio Argüeso, un exmilitante del PSOE y del PP. Según las fuentes consultadas, internas de Ciudadanos, se puso en marcha la maquinaria de pago a través de la Asamblea de Murcia. “Después, viendo que en la Asamblea habían colado las facturas –relatan a RL- y nadie había reclamado nada, volvieron a repetir la jugada, esa vez con premeditación y alevosía, en la campaña de las generales, encabezada por el mismo que se había excedido en el gasto, Miguel Garaulet”, que actualmente es diputado. Es decir, toda la estructura participa en la financiación ilegal del partido.
El caso de Bormujos
También se funcionó ilegalmente, como reveló Rambla Libre con los documentos correspondientes, en Bormujos, Sevilla. Según el resumen de tesorería de Ciudadanos en la localidad sevillana de Bormujos, el candidato, Manuel Romero Cárdenas facturó gastos electorales a través de su empresa, que luego recuperó de las cuotas de sus afiliados. El informe, al que tuvo acceso Rambla Libre, se refiere al estado de la tesorería entre febrero y octubre de 2015, y está fechado el 3 de noviembre de 2015. En ese momento, la deuda contraída por la Agrupación con Manuel Romero fue de 1.106,49 euros, mientras la liquides de caja era de 8 euros. Los 31 afiliados establecieron una cuota mensual de 20 euros, y de esas cuotas se hizo efectivo el pago al candidato.
Entrando en la presunta malversación de fondos
Posteriormente, Ciudadanos ha pasado a tener una de sus vías de financiación en las subvenciones que reciben los grupos municipales para su funcionamiento. Estamos ante una presunta malversación de fondos públicos a gran escala, que implica a toda la cúpula de Ciudadanos, porque los fondos se dedican a una finalidad distinta a la que están destinados.
Ciudadanos ha tratado de resolver esta espinosa situación, con unos contratos civiles tipo con los que pretende justificar esa derrama a cambio de servicios de asesoramiento. Rambla Libre ha podido confirmar en numerosas fuentes que eso es falso y es presunto fraude de ley. Por de pronto, a quienes pretendían integrarse en Ciudadanos se les establecía la condición de desviar fondos de los grupos municipales a la financiación centralizada del partido en Barcelona. Más o menos el esquema de una franquicia: Ciudadanos alquila por un canon el usufructo de la marca. Y, además, Ciudadanos no presta esos servicios de asesoramiento, ni podría justificar el destino de ese dinero de cada Ayuntamiento de España donde tiene representación, con las correspondientes facturas, según fuentes solventes del interior de Ciudadanos.
Si la citada Comisión de Investigación del Senado entra a fondo, Ciudadanos va a tener muchos problemas políticos y, seguramente, judiciales.