Luis Bru.
Si prospera la demanda ya registrada oficialmente, la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 5 de mayo sería anulada y todo lo que se apruebe por el Consejo de Administración que salió adelante fruto de aquella sesión sería igualmente nulo.
Junto a esta acción judicial, ULEG, Cs y 4 ediles no adscritos han instado al Registro Mercantil a que se convoque la Junta de Accionistas que PSOE-IUCM, PP y el edil tránsfuga expulsado de Cs se niegan a celebrar tanto para informar de las pesquisas que la Guardia Civil está efectuando sobre la empresa pública y su gerente, como para que comparezca la directora financiera, Sonia Martín, esposa del alcalde de Leganés, donde explique como jefa de administración el conflicto de interés existente y las irregularidades y anomalías continuas de esta sociedad municipal.
El alcalde «socialista» de Leganés, Santiago Llorente, junto a sus socios urbanísticos del PP celebraron el pasado 5 de mayo una Junta General de Accionistas de EMSULE incumpliendo a sabiendas el complemento de convocatoria que en tiempo y forma habían presentado 11 ediles-accionistas. Tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital, esto conlleva la nulidad de la sesión y de lo que en ella se acuerde. Tal Junta era de máxima importancia ya que se renovaba el Consejo de Administración después de más de un año de absoluta irregularidad del mismo al mantener a un edil tránsfuga en su seno y sin incorporar al concejal legítimo de Cs. Una situación auspiciada por PP y PSOE para mantener artificialmente una mayoría que no le habían otorgado las urnas. Al producirse la fragmentación de Leganemos y ascender la suma de concejales no adscritos a 5, lo que alteraba esa mayoría artificial prefabricada, desde PP y PSOE se cambió descaradamente el criterio en la enésima maniobra de trilerismo que acostumbra la dupla formada por el alcalde y el portavoz del PP (Llorente&Recu S.L) y de repente se consideró que ningún edil que no perteneciera a un grupo político (los no adscritos) podría formar parte de los consejos de administración, contradiciendo lo que ellos mismos habían amparado meses.
Recopilando la última documentación para denuncia penal en Fiscalía
Sumadas a estas acciones civiles-mercantiles contra EMSULE y sus responsables, desde el partido independiente vecinal ULEG se presentará próximamente una denuncia en Fiscalía para depurar las responsabilidades penales que se puedan estar cometiendo en esta empresa pública. Las liquidaciones de obras de la última promoción de viviendas, donde se tuvo que acometer unos «extra» millonarios fruto de la negligente defensa jurídica llevada a cabo por EMSULE y su anterior presidente y hoy portavoz del PP de Leganés (Miguel Ángel Recuenco Checa), las obras financiadas por esta empresa pública en La Cantera para instalar césped en un edificio presuntamente municipal, la intentona de construir unos vestuarios también en la Cantera con un presupuesto inflado en cerca de medio millón de euros y con un pliego lleno de irregularidades, el año entero donde los Consejos de Administración han tomado decisiones con un tránsfuga en su seno incumpliendo los estatutos de la empresa, la extraña operación por la que se desplazaron unas líneas de alta tensión y de la que en EMSULE no se encuentra documentación o la opacidad en la contratación y en las pesquisas que la Guardia Civil está desarrollando sobre esta mercantil y su actual gerente (que durante varios meses operó sin los poderes legales) son algunos de los asuntos que se llevarán al Ministerio Público.
RECU, el edil viajero presente en todas las salsas tóxicas
«Vamos a levantar el velo a esta empresa pública llena de sospechas de corruptelas y llena de certezas de ser un cortijo nido de enchufismo y mamandurria privilegiada como el contar con seguro médico privado pagado por los vecinos. Llegaremos hasta el final de este «Arpegio Local» para frenar los tejemanejes que desde hace años han perpetrado PSOE, PP e IU, ahora unidos en matrimonio corrupto mientras tapan y silencian todo lo que pasa en el ayuntamiento de Leganés. Son responsables de innumerables tropelías, algunas de las cuales creemos que conllevan responsabilidad societaria e incluso penal», señalan desde ULEG, quienes concluyen «como con las gasolineras y su ordenanza a medida de un lobby empresarial, el caso Portfolio y los 7 millones de euros añadidos de pufo en una turbia permuta, la rotonda de los 12 millones, un consorcio Legatec con secretario imputado y presidente a la espera al haber dimitido el anterior por también estar imputado, indemnizaciones urbanísticas, persecuciones a funcionarios, PRISMA, la conjura con el constructor imputado y dueño del libelo “Al Cabo de la Calle”, Felipe González Gervaso, alias “El lechero”…, vuelve a estar en la salsa el perejil RECU, así citado en el sumario de Púnica, el viajero y pluriocupado edil de Urbanismo e Industrias, quien maneja a su capricho e interés privado los hilos del ladrillo del Consistorio de manera ininterrumpida en los últimos 6 años, tanto con gobiernos populares como ahora con los socialistas, protagonizando todo tipo de fechorías que en el colmo del cinismo han bautizado como «responsabilidad».