Editorial
El monopolio de la violencia por el Estado tiene como contrapartida la seguridad completa, perfecta, del ciudadano. Es notorio que el Estado está incumpliendo su fin y misión primigenios.
El Estado no solo no ofrece seguridad sino que, de manera perversa, impone la inseguridad al desarmar a los ciudadanos para dejarlos a merced de crueles asesinos que, con bestialidad animalesca, se ensañan con las víctimas indefensas, con preferencia con los niños.
El Estado, a través de políticos incapaces, negligentes y traidores, financian a esos asesinos, con los que comparten el monopolio de la violencia. En efecto, por lo general se trata de musulmanes -antes trastornados mentales, ahora radicalizados- que, sin oficio ni beneficio, viven de las ayudas sociales, de préstamos universitarios, acogidos bajo el estatus subvencionado de refugiados, participantes en mezquitas subvencionadas con fondos ¡para planes contra la radicalización! Es un terrorismo subvencionado.
El Estado es incapaz de asegurar cuestiones tan sencillas como pasear por las aceras, cruzar con tranquilidad un puente, asistir a un concierto, viajar en tren, esperar en un aeropuerto o hacer compras en un mercadillo. Desarmados por el Estado, los ciudadanos no pueden defenderse, y se les recomienda «correr y ocultarse», muestra del fracaso del Estado y sus degenerados políticos. Los ciudadanos no pueden proteger a sus hijos de asesinos armados con cuchillos, hachas o Ak-47, y utilizando vehículos como armas mortíferas.
El Estado desarma a los ciudadanos y financia a los islamistas. Es una locura, un completo despropósito, del que habrá que exigir responsabilidades.
El Estado, con una fuerzas de seguridad incapaces que siguen los criterios estúpidos de los políticos, quienes al tiempo dicen que confiemos en las fuerzas de seguridad, está permanentemente a la defensiva, poniendo bolardos y macetones en vez de deportando a los integristas musulmanes y cerrando las mezquitas desde las que se defiende el odio. El Estado incluso es incapaz de tomar medidas tan sencillas como impedir el retorno de los terroristas de Siria.
Es preciso recuperar de inmediato el derecho a portar armas y a usarlas en legítima defensa. Derecho y deber pues se trata de defender también a los niños de esas hienas fanáticas, a las que los políticos han dado alas.