Miguel Sempere
Las autonomías representan un sobrecoste anual de ineficiencia de 86.000 millones anuales. Son el cáncer de España que ha hecho metástasis. Se traspasaron a las autonomías 821.357 empleados, ahora hay 1.740.000; es decir, 920.000 funcionarios más para hacer lo mismo; se calcula que de ellos 500.000 son directamente enchufados de los partidos y 400.000 la consecuencia de multiplicar por 17 la estructura.
Para colocar a tan elevado número de gente, las autonomías se han dotado de la friolera de 2.671 empresas públicas, donde pueden colocar a dedo sin ningún concurso ni ninguna fiscalización. Las autonomías se comprometieron a cerrar 600 de esas empresas ficticias, pero sólo han cerrado 2.
La decisión de descentralizar mediante las autonomías, lo que ha generado 17 nuevos centralismos, además del madrileño, ha sido letal para los españoles. Las autonomías nos arruinan.
De 213 estados sólo hay 25 descentralizados, o son muy extensos (Estados Unidos, Rusia, India, Australia, Canadá) o surgidos de pequeños estados buscando eficiencia y tamaño (Suiza). Aquí un territorio pequeño se ha troceado en 17. Tenemos 17 parlamentos, además de los nacionales, 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, 17 tribunales de cuentas, 17 gobiernos.
El gasto de las autonomías era de 160.544 millones de euros en 2007; en 2016 fue de 179.679 millones, con un incremento del 11,9%. En 2015, el aumento de la masa salarial autonómica fue del 4%, el del gasto corriente, el 5,2% y las subvenciones aumentaron el 5,2%.
Los parlamentos autonómicos se han dedicado a legislar generando barreras entre unas regiones y otras. Así, por ejemplo, había una licencia de caza nacional; ahora es precisa una para cada autonomía. Resulta más sencillo comerciar con otras naciones de la UE que entre regiones.
Las pensiones serían sostenibles si elimináramos las autonomías, en las que cada año se despilfarra el 10% del PIB.