Josep Sansano
El partido Coalición de Centro Democrático, del que es coordinador provincial César González, ha emitido un comunicado en el que, a raíz de las revelaciones de Rambla Libre sobre el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elda, Francisco Sánchez, pide la dimisión de todos sus cargos, tanto orgánicos como electos.
«A la vista -dice el comunicado- de las publicaciones en el diario digital Rambla Libre sobre los gastos desorbitados del actual concejal de Ciudadanos en Elda, Francisco Sánchez, en productos del pastelero eldense Paco Torreblanca, siendo director del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de Alicante entre los años 2009 y 2011, manifestamos lo siguiente:
- Mostramos nuestro deseo de mantener al margen de la polémica al pastelero, al que respetamos y admiramos, pero unos hechos de tanta gravedad tienen unas consecuencias inexorables en la opinión pública y en el ámbito político, que requieren de una explicación y la asunción de medidas por parte de los responsables políticos de Ciudadanoss en la Comunidad Valenciana.
- Exigimos, por ello, a Ciudadanos que cese de inmediato a Francisco Sánchez en todos sus cargos orgánicos e institucionales en dicho partido con el fin de depurar responsabilidades. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción esta situación por las razones que a continuación se exponen.
- El concejal Francisco Sánchez Martínez reconoce en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Elda (http://transparencia.elda.es/francisco-sanchez-martinez/) que es consultor del pastelero Paco Torreblanca. De modo que podría haber vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 60, apartado G, por haber realizado compras y contrataciones a favor del pastelero, siendo a la vez consultor de éste y personal público del Instituto Juan Gil-Albert, favoreciendo de este modo a una empresa con la que mantiene vínculos profesionales y aprovechando su posición de privilegio en una institución pública para beneficiar a una entidad privada de la que forma parte, recordando a este respecto, que la Constitución, en su artículo 103.3, obliga al personal al servicio de la administración a guardar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y regula sus incompatibilidades.
- El artículo 60.g de la Ley de Contratos regula las Prohibiciones para Contratar, de entre otros, el personal al servicio de las administraciones públicas, donde figura con el tenor literal lo siguiente: g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
- Habiéndose comprobado la concurrencia de los requisitos exigidos en materia de incompatibilidades por las leyes de contratación, cabría concluir que en el supuesto del concejal Francisco Sánchez, siendo director del Gil-Albert, parece existir causa de incompatibilidad para contratar con Francisco Torreblacanca merced a su vinculación profesional con el mismo, siendo esto un hecho totalmente reprobable y denunciable en un cargo público, porque se ha aprovechado de su posición y ha antepuesto en el ejercicio de sus funciones el interés personal, al interés general, reiterándonos en la petición de dimisión de todos sus cargos públicos y orgánicos por la comisión de presuntas irregularidades en su gestión, amén del despilfarro de dinero público en una época durísima de crisis en las que mientras las familias alicantinas pasaban necesidades, él se dedicaba a derrochar y realizar gastos superfluos.