Miguel Sempere
Es tan llamativo como recurrente que partidos que enarbolan –falazmente- la bandera de la regeneración y de la democracia interna cercenan de raíz esa democracia y actúan de la manera menor regeneradora posible. La expulsión tongo de Juan Jara como vicepresidente primero y afiliado de Vox es la demostración última de que ese partido es la coalición intereses de una pequeña cúpula dedicada a perseguir a quien cuestiona el modus vivendi.
Rambla Libre ha desvelado que varios de los dirigentes de Vox cobran un sueldo mensual, como si fueran funcionarios del partido. También ha constatado que la cuotas de los afiliados son todas enviadas a la cúpula dirigente sin que nada revierta a las provincias, lo que, en términos coloquiales, sugiere una estafa piramidal. Ese dinero de los militantes se está dedicado a los sueldos de los dirigentes.
Rambla Libre ha tenido acceso al expediente completo de expulsión de Juan Jara como vicepresidente primero e incluso como militante, lleno de despropósitos jurídicos del tenor de los siguientes:
- La sanción última se establece, desde el principio, como medida cautelar.
- Las notificaciones no llevan ningún tipo de firma, lo que las convierte en anónimos.
- No se da audiencia al reo.
- Y lo que ya es una gravedad extrema: se falsean los hechos y no se aportan las pruebas.
El expediente sancionador 10/2016 se inicia el 29 de septiembre mediante denuncia del Vicesecretario jurídico de Vox España, por los hechos acaecidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de septiembre. Según el Comité de Garantías, “se aporta prueba documental y grabación”, pero esto es rigurosamente falso. Se indica que se observa “la intervención de Don Juan Luis Jara en las graves alteraciones del orden público y del normal discurrir de la Asamblea”. Se trata de acusación genérica, que no se concreta, propia de una justicia totalitaria predeterminada.
Sobre esta cuestión nuclear, con fecha 10 de octubre, Juan Jara presenta alegaciones en las que especifica que niega “haber realizado conducta impropia alguna durante dicha asamblea general ordinaria, es más al revés pues sólo vi que el señor Enrique Cabanas y David Lucas agredieron físicamente a un afiliado, Argimiro Santos, le agarraron por el cuello con la intención de callarlo por la fuerza y arrojarlo fuera de la sala usando fuerza y coerción física, y después, ante su resistencia, intentaron derribarlo. Entonces salí en socorro de Argimiro, a fin de impedir la agresión física señalada. Es cuando Javier Ortega Smith Molina se me abalanzó, me agarró y me amenazó con la intención de hacerme callar y dejarles cometer todos los atropellos que se citan. Al final, en el barrullo formado fue difícil dar más nombres: Amparo Palacio, Ignacio San Julián, Antonio López, Diego López Ordóñez y otros varios estuvieron presentes para impedir esta nueva agresión”.
Más de tres testigos presenciales contactados por Rambla Libre corroboran esta versión de los hechos de la bronca asamblea.
Juan Jara enumera, además, en sus alegaciones groseros defectos de forma. “el supuesto expediente carece de firma y sello identificador”, es “un procedimiento arbitrario, pre-constituido en su finalidad y predeterminado en su resultado”, se desarrolla “sin adoptar el exigido trámite de audiencia”, “no se indican cuáles son exactamente los hechos”, no se justifica, tras “tantos y clamorosos defectos procesales, la grave medida cautelar adoptada”, de modo que “no se puede expedientar a nadie por el mero hecho de opinar diferente”.
Juan Jara solicita “la identificación del denunciante así como de los testigos que pueden haber colaborado en la formación de esta denuncia”; que se archive el expediente; que “se inicie expediente sancionador contra el gerente, Javier Ortega Smith-Molina y cuantos colaboraron en la agresión” (que fue denunciada por Argimiro Santos en procedimiento recaído en el Juzgado 43 de Plaza de Castilla). También que los miembros del comité de garantías “procedan a identificarse” y que se informe de si la denuncia “es efectuada siguiendo órdenes de alguna autoridad o cargo del partido”, lo que parece apuntar directamente a Santiago Abascal.
Con fecha 17 de octubre, el Comité de Garantías de Vox España pasa a dictar resolución consistente en “la expulsión del partido”.
Vox, cuyas bases están formadas por gente decente y bienintencionada, que ha asumido los criterios fundacionales, entre los que estaba la regeneración de la vida nacional y la democracia interna en los partidos, se ha encontrado con que se trata de la patente o el modus vivendi de un pequeño grupo, de una cúpula, que se salta esos criterios a la torera. ¿Tiene sentido seguir pagando las cuotas?