Luis Bru
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad remitir a la Fiscalía la actuación de la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y, “en su caso, cualesquiera otras personas” por incumplir con su deber de acatar las decisiones del Tribunal al ratificar la hoja de ruta del proceso de desconexión con España el pasado julio, cuando había sido anulada previamente.
Un acuerdo parlamentario no puede ser pretexto para atribuirse «la potestad de vulnerar el orden constitucional”, razona el alto tribunal en un auto notificado este jueves a la propia Forcadell. Los miembros del TC no han tipificado la conducta de Forcadell en el auto, a pesar de los poderes otorgados al alto tribunal en la reforma exprés introducida por el PP para los casos de desobedeciencia de sus resoluciones.
En su lugar, el Constitucional remite el comportamiento de Forcadell y esas otras personas que hayan actuado como ella al ministerio público, para que sea la Fiscalía la que califique el delito en que pudieron incurrir.
Es la primera vez que el TC actúa contra un cargo público en relación con el proceso independentista abierto en Catalunya ya que, hasta ahora había anulado los acuerdos pero no actuado contra los dirigentes políticos.