Josep Sansano
En el desastre sin paliativos en el que se ha ido enfangando la Justicia española, tan ciega ante la corrupción durante décadas, se mantiene una función inexistente, la del Procurador, que deviene en expolio, en parasitismo respecto al ciudadano.
En los tiempos de la pluma de ganso, la Procura servía como correo de las notificaciones entre los Juzgados y los abogados; en los tiempos de las nuevas tecnología, de internet, esa labor carece de sentido; de hecho, no lo tiene: los abogados reciben por internet esas notificaciones y sentencias de los Juzgados, con lo que los procuradores literalmente no sirven para nada.
Sin embargo, la Ley obliga a contar con abogado y procurador, y a gastarse en éste último un dinero extra que se da a cambio de una farsa, de una comedia y, a veces, de una tragicomedia. ¿Por qué se mantiene, pues, la ficción de que el Procurador sirve para algo y su obligatoriedad? ¿Acaso para no incrementar las cifras del paro, haciendo recaer sobre las espaldas de contribuyente un exceso de licenciados y diplomados de Derecho? Y ¿por qué todos mantienen el esperpento –abogados, procuradores y funcionarios- con carreras y gestiones ficticias? Esas notificaciones, por las que el ciudadano paga, ya las tienen antes los abogados en su ordenador. Es como el turno de oficio, que, por lo común, no es más que el eco servil y acomodaticio de la fiscalía (y la fiscalía del Gobierno).
¿Hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia?, como decía el buen abogado que era Cicerón.