Josep Sansano
Atrincherada en el aforamiento, encastillada en el Senado, amenazando al PP con tirar de la manta, el cerco a Rita Barberá se estrecha. Se han terminado los tiempos de la impunidad.
La Sala II del Tribunal Supremo ha decidido iniciar la instrucción para investigar a la senadora del Partido Popular Rita Barberá, por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa de la ciudad. El Alto Tribunal ha designado al magistrado Cándido Conde-Pumpido para que lleve a cabo la instrucción del caso.
La petición al Supremo partió del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado caso Imelsa, y fue apoyada por la Fiscalía. En su exposición, el magistrado valenciano subrayaba las sospechas sobre la financiación irregular , el cobro de comisiones y el blanqueo de dinero en una trama al frente de la cual estaría la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y consideraba que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
El Tribunal Supremo considera «imprescindible», a raiz de la exposición de motivos enviada desde Valencia, «continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla».
La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.