Miguel Sempere
Ciudadanos, la formación que preside Albert Rivera, un candidato al que algunos definen como “vacío, de márketing”, se financia ilegalmente en toda España, en una presunta generalizada malversación de fondos públicos.
Cuando Ciudadanos se convirtió, ante sus expectativas crecientes, en un banderín de enganche, los candidatos se encontraron con que se les exigía que el dinero de las cuotas y también las subvenciones municipales a los grupos fueron remitidos a Barcelona, a la dirección nacional. Resulta sencillo de entender que esas subvenciones son para el funcionamiento de los grupos de concejales y para su labor en pro de sus vecinos, y no para financiar al partido Ciudadanos. Es una tipificación clara de malversación de fondos públicos.
Carlos Delgado, portavoz de Unión por Leganés, formación que mantuvo una alianza con Ciudadanos en las últimas elecciones europeas, ya lo denunió en su premonitorio libro “Albert Rivera es un lagarto de V”. Carlos Delgado cuenta el caso de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), con implantación en Castilla-La Mancha, a quienes Albert Rivera y sus colaboradores les dijeron que “lo que tenían que hacer es entregarles todo el dinero que recibieran de las arcas municipales, y por tanto de sus propios vecinos, para que lo manejaran desde Barcelona”.
“Eso sí, que tranquilos que más adelante les devolverían el 10%. Vamos…menudo negocio tienen montado los de Ciudadanos! Es como un Burger King o un McDonalds, una gran franquicia, en la que ellos son conscientes de que lo único que poseen es marca y lo que hacen con otros partidos es cobrarles una cuota leonina como ente franquiciado. Es una actitud de abuso donde sobran las ideas y sólo interesa el negocio, el dinero. La pela”.
Carlos Delgado añade que “quizás no somos conscientes de la gravedad del tema: el vecino de Salamanca, de Murcia o de Jaén o de Huesca que paga su IBI, su tasa de basuras, sus licencias municipales está, sin saberlo, financiando a la metrópoli de Ciudadanos en Barcelona”.
José Luis Sánchez de Lorenzo, coordinador de UCIN de Toledo, ha dado testimonio de las condiciones que les pusieron en la sede central de Ciudadanos en Barcelona en materia de financiación: “hacerles entrega del 15% de las remuneraciones de nuestros concejales y el 100% de las asignaciones a grupos políticos”.
Denuncias sobre la financiación irregular de Ciudadanos ya están en los Juzgados. Así, la jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, considera que la trama de presunta corrupción dentro del partido Ciudadanos, investigada en la capital de España, es de “especial complejidad”, de acuerdo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.