La corrupción institucional es el mayor problema del mundo, más aún de la Unión Europea y más de España que supera un 60% la media europea y la media mundial.
La corrupción en España casi alcanzaba un 8% del PIB (Eurostat 2018), habiendo crecido desde la pandemia de 2020 (europarlamento) y se lleva el 25% del gasto público mundial (ONU 2023).
La corrupción institucional ha eliminado la libertad y los derechos establecidos, así como la posibilidad de crearse un proyecto de vida para la mayoría de las personas.
A pesar de que la mayoría de la población no cree en las instituciones y en las democracias occidentales, todavía hay una mayoría de españoles que apoyan la corrupción.
En este decadente escenario, se hace necesario constituir un partido político de alcance nacional, con la única misión de acabar con la corrupción. El partido político contra la corrupción sólo debería presentarse a las elecciones generales para cambiar las leyes nacionales relacionadas con la corrupción y sin ideario político.
Entre otras propuestas necesarias, podemos destacar las siguientes:
Los jueces en segunda instancia o superiores, serán juzgados por un juzgado popular. De esta forma se garantiza el control de las instituciones, obligando a los jueces a condenar la corrupción para evitar que ellos sean condenados.
La prevaricación, administrativa y la judicial, se cometen siempre que en un procedimiento se haya citado la ley aplicable y el funcionario desestime utilizarla, y siempre tendrá pena de prisión superior a los dos años.
Se introduce el delito de prevaricación agravada que consiste en que dos o más funcionarios, en la misma instancia o en varias, incumplan la misma ley cuando es directamente invocada. Esto es especialmente aplicable al contubernio entre fiscales, jueces y secretarios judiciales (letrados de la administración de justicia). Además, se estará cometiendo un delito de asociación ilícita.
Se introduce el delito de represalia en sus dos modalidades: administrativa y judicial, con penas de prisión entre 5 y 10 años.
Se modificará la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de forma que para el Congreso se repartan los escaños en función del número de votos totales, a nivel nacional.
Serán delito las subvenciones a los partidos políticos, a los grandes sindicatos y a los colegios profesionales, así como a las organizaciones no lucrativas que hayan sido creadas o tengan algún directivo o relación con políticos.
Se eliminarán los privilegios de los políticos como las desgravaciones en impuestos relacionados con el trabajo o jubilaciones con mayor cuantía.
Se eliminarán las responsabilidades civiles y penales contra el honor de los funcionarios públicos, incluyendo a los políticos.
La denegación de documentos públicos constituirá un delito de prevaricación y si se ha solicitado para actuaciones penales, también constituirá un delito de obstrucción a la justicia.
La responsabilidad social del estado prescribirá a los cinco años, en lugar de los doce meses actuales. Cuando se haya solicitado la documentación completa, el plazo no empezar´a contar hasta que haya sido entregada.
Dado el decadente impulso hacia el totalitarismo dado por Naciones Unidas y la Unión Europea desde el año 2020, para asuntos relacionados con organizaciones internacionales será necesario la mayoría cualificada parlamentaria, establecida en un 60%.
Habría que pensar cómo se gestionarían los cargos y el dinero que se obtenga por cada escaño, así como que hacer si se llega al Gobierno.
Dado la cantidad de sinvergüenzas que crean partidos políticos para entrar en el negocio de la corrupción, tal vez lo mejor sería que jubilados de cierto nivel sean los candidatos del partido.
Javier Marzal
Analista social y denunciante contra la corrupción