Carlo María Viganò. Arzobispo.
En estos días los medios de comunicación han divulgado la noticia según la cual, sobre la base de una indiscreción filtrada por la Corte Suprema de Estados Unidos, los jueces de ese organismo estarían a punto de declarar inconstitucional la sentencia Roe vs. Wade del 22 de enero de 1973.
En primer lugar, hay que aclarar un malentendido: el pronunciamiento de la Corte Suprema no tiene como objeto decidir sobre la legitimidad del aborto, sino sobre la conformidad de la sentencia de 1973 con la Constitución Federal y su respeto a la soberanía de los Estados confederados. Por tanto, no se trata de una cuestión ética o moral, referida a la legitimidad o no del aborto, sino de una cuestión de competencia de la Corte Suprema.
El vulnus [la herida] que la sentencia Roe v. Wade ha causado a la soberanía de los Estados de la Unión es de naturaleza constitucional, y como tal los Jueces deberán juzgarla.
Es significativo que este aspecto haya sido silenciado deliberadamente, enfatizando el contenido específico de la sentencia y convirtiéndola en una bandera ideológica. Es evidente además que esta operación, llevada a cabo intencionadamente por el Estado profundo, tiene como objetivo radicalizar el debate que la noticia suscitará en la opinión pública, con la intención de influir en la motivación de la sentencia, que aún debe ser rubricada por los Jueces. A nadie se le escapa que filtrar prematuramente la noticia ha provocado violentas protestas organizadas por grupos abortistas y por Antifa, mientras se multiplican provocaciones escandalosas y ataques sacrílegos a las iglesias durante los oficios. El testimonio de valentía de los laicos católicos debería ser apoyado y alentado por la Jerarquía católica, precisamente en nombre de la libertad de culto y de predicación, lo cual es un derecho inalienable de la Iglesia de Cristo, así como un derecho constitucional inalienable de todos los estadounidenses en virtud de la Primera Enmienda.
Así, mientras los estadounidenses aún deben metabolizar los escándalos que están surgiendo sobre la gestión criminal de la seudo pandemia y la imposición de una terapia experimental que modifica irreversiblemente el genoma humano con daños a largo plazo aún desconocidos y graves efectos adversos ocultados culpablemente por las multinacionales farmacéuticas y las agencias de control; mientras el fiscal especial John Durham se prepara para concluir la investigación del Rusiagate que pronto verá indagados a Obama, Clinton y Biden (y esperemos que condenados por alta traición y ataque a las instituciones) en la operación de boicot a la campaña presidencial de Trump, cuyos cómplices pueden contarse también entre las cúpulas gubernamentales entonces en funciones en Italia; mientras Joe Biden trata desesperadamente de encubrir los casos de corrupción de su hijo Hunter en Ucrania, entre los que resulta inquietante su participación en los laboratorios biológicos desplegados allí en los que se aplicó la investigación de ganancia de función al virus del SARS-CoV-2, alterando su patogénesis y transmisibilidad; mientras la Casa Blanca trata desesperadamente de culpar a la crisis ruso-ucraniana de las consecuencias en la economía estadounidense del aumento de la inflación y de los precios de las materias primas; mientras la OTAN actúa como traficante de armas al servicio del lobby estadounidense y trata de impedir a toda costa las conversaciones de paz entre Putin y Zelenskyj, aquí está preparada la operación con la que distraer a la opinión pública y radicalizar el enfrentamiento entre los provida y los pro-elección, después de haber experimentado con éxito el mismo método de manipulación de las masas durante la farsa de la pandemia e incluso antes con el caso George Floyd y la exasperación provocada por el movimiento Black lives matter [Los negros también importan].
Si hay que culpar de algo a la Corte Suprema, es justamente haber querido imponer en 1973 el aborto a los Estados de la Unión, incluso allí donde estaba justamente prohibido: ese abuso de poder se toleró precisamente porque estaba revestido de los prejuicios ideológicos de los demócratas, de lo cual derivó una matanza de inocentes que clama venganza en el cielo. La sentencia Roe vs. Wade fue una operación de parcialidad deliberada que violó no sólo la Ley Natural y la Ley de Dios, sino también los principios consagrados en la Carta Constitucional. Si los jueces curan este vulnus se limitarán a aplicar la ley que han jurado defender, algo que sus colegas de hace cincuenta años no supieron o no quisieron hacer.
Y si sólo el pasado 11 de mayo el Senado estadounidense demostró que no se ponía del lado de los partidarios del aborto (en la votación que bloqueó la “Ley de protección de la salud de las mujeres”), no se puede no advertir el escándalo dado por los políticos autodenominados “católicos”, en primer lugar, Joe Biden y Nancy Pelosi, que pisotean sin escrúpulos la moral que, en cambio, deberían comprometerse a defender también en el ámbito social y legislativo.
La Santa Sede y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos deberían reiterar, junto con la firme condena del aborto, que los católicos estadounidenses no pueden ni deben votar a aquellos representantes que no son coherentes con el Magisterio de la Iglesia, y como tales están excomulgados. El vergonzoso silencio de la Jerarquía se muestra como una confirmación del sentimiento de inferioridad de quienes deberían dirigir sabiamente al pueblo que les ha sido confiado, mientras que, en cambio, lo siguen al precipicio junto con los políticos que apoyaron en la campaña electoral. Escuchar a Joe Biden defender el aborto como un “derecho fundamental” -disfrazado bajo el eufemismo hipócrita de “proteger la salud de las mujeres”- evidencia una pérdida del sentido mismo del compromiso social de los católicos, de la que es responsable no sólo la Jerarquía, sino también todo el sistema educativo escolar y académico que se refiere a ella. ¿Qué enseñanza se imparte en las universidades católicas si quienes salen de ellas pueden declararse impunemente a favor del aborto sin entender su gravedad? ¿Cómo puede decirse que el asesinato de una criatura inocente puede ser decidido por quien debe protegerla más que su propia vida? ¿Esta es la “civilización” que los estadounidenses quieren mantener y propagar? ¿Son estos los valores que quieren transmitir a las generaciones futuras?
Estoy seguro de que los estadounidenses no se dejarán desviar por estas operaciones de distracción masiva, ni se dejarán provocar por las protestas de los abortistas, deliberadamente atizadas para fomentar disturbios y reacciones violentas. No olvidemos que quienes propagan el asesinato de bebés están igualmente a favor de la eutanasia, de la ideología LGBTQ, de la teoría de género, del Gran Reinicio, de la farsa de la pandemia y del uso de la crisis ruso-ucraniana para debilitar a las naciones europeas y encubrir los crímenes del Estado profundo.
Recemos, pues, para que Aquélla a la que veneramos como Sede Sapientiæ ilumine las mentes de los jueces de la Corte Suprema, les inspire sentimientos de justicia y les haga reconocer el carácter sagrado e inviolable de la vida del niño no nacido. Y que la Mujer preanunciada en el Génesis aplaste la cabeza de la serpiente, la primera inspiradora del horrendo crimen del aborto.