Luis Bru
Según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, en el año 2.014 en las cárceles españolas había 6.778 reclusos musulmanes, de los que 4.829 eran marroquíes y 550 argelinos. El coste del recluso por año se sitúa en 23.725 euros, lo que significa que esos inmigrantes musulmanes le cuestan al contribuyente español 160.808.050 euros.
El coste económico no es el único problema. El contribuyente español es obligado a financiar a futuros terroristas. El 80% de esos reclusos ingresaron en prisión por delitos de robos y hurtos y el 20% por actos violentos. En 2014, Instituciones Penitenciarias había detectado 40 casos de radicalización –eufemismo para referirse a integristas en disposición de atentar- en presos comunes. Según Voz Pópuli, en octubre de 2016, según informes oficiales de Instituciones Penitenciarias, los casos de radicalización se habían doblado hasta 80.
Los informes de Instituciones Penitencias apuntan como factores de riesgo la “alta concentración de internos musulmanes procedentes del Magreb y Marruecos” y jóvenes de “segunda y tercera generación”.
El domingo fue detenido un español de origen palestino que viajaba –lo había intentado dos veces más antes- para unirse al Daesh en Siria. Vivía en la localidad de Vecindario en Canarias. Estaba aislado, sin trabajo. ¿De qué vivía y de dónde obtenía el dinero para viajar? Al parecer, recibía ayudas sociales. El caso nos sitúa ante otro problema grave como es el de las nacionalizaciones que se han estado dando con carácter meramente administrativo. Es obvio que el detenido no se sentía español, en ninguno de los sentidos. Con él, actualmente hay en las cárceles españoles 111 acusados de terrorismo, que le cuestan al contribuyente 2.633.475 euros al año.
He aquí las consecuencias de una política de inmigración caótica, nefasta y buenista.
Dossier inmigración (4): Cristina Cifuentes financia la islamización de Madrid
Dossier inmigración (3): Importamos terroristas con cargo al contribuyente