Miguel Sempere
Importamos terroristas y nos salen muy caros, incluso deteniéndolos, pues cada uno en prisión le cuesta al contribuyente 23.735 euros anuales. Los terroristas que importamos son todos musulmanes, de nacionalidad marroquí la mayoría, algunos, argelinos. Suelen vivir de ayudas sociales o mantenidos por Cáritas, así que todo su periplo en España es con cargo al contribuyente, contra el que conspiran para matarlo.
El sábado 19, el Cuerpo de Policía Nacional desarrolló un amplio despliegue para detener a dos yihadistas – eufemismo para no decir que son terroristas musulmanes-, uno en Getafe y otro en Roda de Ter, Barcelona. El recién estrenado ministro del Interior –un médico sin experiencia policial- dijo que estaban dispuestos a atentar “en cualquier momento, lugar y situación”; es decir, que estaban dispuestos a provocar una masacre suicidándose al tiempo. Los dos detenidos eran marroquíes y se “habían aislado”, con lo que no sabemos de qué vivían y si, por ejemplo, recibían ayudas sociales.
El Gobierno y el sistema muestran cada una de estas operaciones como un éxito, cuando son la manifestación de un fracaso sistémico, porque nunca, en la historia, ninguna sociedad ha dejado entrar, y menos ha financiado, a quienes querían acabar con ella. Las operaciones se graban y se ofrecen en el telediario, para que el ciudadano se sienta protegido, cuando la primera pregunta evidente es ¿cómo y por qué estaban en España? ¿por qué se les permitió entrar y por qué no fueron deportados?
En realidad, los musulmanes son formados en un bagaje de ideas simples que incluye el que los no musulmanes son menos que las alimañas, que hay que matarlos y que las mujeres no musulmanas pueden ser tratadas como meras esclavas sexuales. ¿Es que nadie sabe estas cuestiones tan obvias como para dejar formar comunidades musulmanas, como sociedades paralelas, en las que algunos se “radicalizan” y pasan a querer matar al mayor número posible de los que les mantienen con sus impuestos?
Ahora mismo, en las cárceles españoles hay 110 de esos musulmanes integristas. Ya ni tan siquiera es preciso que maten, les basta con ser detenidos para arruinar a los contribuyentes. Esos 110, muchos son preventivos, cuestan al año al contribuyente 2.560.250 euros, a una sociedad que no tiene para pagar las pensiones. En las cárceles se dedican a adoctrinar, captar y a aterrorizar al resto de los presos.
Un desastre sistémico que se vende en los telediarios como una concatenación de éxitos policiales.