Redacción.
No dimitirá, el puesto de vicepresidente es muy goloso. Pablo Iglesias tendrá otra vara de medir para él que la que exige a los otros. En mayo, el magistrado comenzó a investigar si, tras recuperar la tarjeta del móvil de Bousselham, el vicepresidente manejó datos de su exasesora y destruyó la micro-SD antes de devolvérsela.
La personación de Pablo Iglesias en el caso Villarejo se ha vuelto en su contra. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado una exposición razonada de 63 páginas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo por su papel en la conocida como caso Dina, que pone el foco en el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo. Ante las contradicciones en las que ha incurrido Iglesias a lo largo de la instrucción, el magistrado pide ahora al alto tribunal que le investigue por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos y denuncia falsa o simulación de delito.
En su exposición razonada, el magistrado pide además que se investigue a la propia Bousselham, a su marido Ricardo Sá Ferreira, al abogado de Podemos Raúl Carballedo, a la abogada Marta Flor Núñez y a la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo. En cuanto a los dos primeros, el magistrado quiere se les impute por falso testimonio, pues sospecha que el vicepresidente ha usado de forma fraudulenta este proceso para intentar sacar algún tipo de ventaja electoral.
«Se trata de una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios. Voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, las instituciones y limpiar nuestra democracia de basura«, lanzó Iglesias ante las cámaras el 27 de marzo de 2019, el día que se personó en el caso. «Se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario. Entiendan que hoy no puedo decir nada más». Sin decir nada más, su promesa se convirtió en la carta de presentación de Podemos para las elecciones de abril y noviembre de 2019, a las que concurrieron como los grandes enemigos de las «cloacas del Estado».