Luis Bru.
Hay una maldición del 11-M que recae y persigue a todos los conspiranoicos, a los que inventaron y abusaron de la mentira de la conspiranoia sobre la masacre de Atocha. Los diputados del PP que dieron aliento a la patraña difundida por Pedro J Ramírez, Federico Jiménez Losantos y Luis del Pino, han desaparecido y algunos tienen serios problemas judiciales. Ya están fuera de la vida pública la que fue diputada por Asturias, Alicia Rubio, el que fue diputado por Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, o el que fue diputado por Murcia y portavoz del PP en la Comisión de Investigación, Vicente Martínez Pujalte, quien tuvo que abandonar la vida pública acusado de presunta corrupción: según El País, en 2015 su asesora Sirga Siglo XXI cobró de la empresa constructora Grupo Collosa 75.000 euros, dentro de un caso de corrupción en Castilla y León; según Público, Sirga Siglo XXI facturó 3,5 millones de euros siendo Pujalte parlamentario.
Ángel Acebes, ministro del Interior cuando la masacre y secretario general del PP, que alentó las estupideces conspiranoicas, y ordenó financiarlas, según Luis Bárcenas, con 410.000 euros que fueron de la caja B a la compra de acciones de Libertad Digital, está imputado en el caso Bankia. La Audiencia Nacional considera que tuvo “participación relevante” en los informes sobre el estado de la entidad y sus “múltiples y relevantes falacias contables”. Eduardo Zaplana, que se reunía a cenar todos los domingos en un reservado del restaurante Jai Alai con Pedro J Ramírez, para coordinar estrategias conspiranoicas, se encuentra en libertad provisional a la espera de juicio. El 22 de mayo de 2018 ingreso en el Centro Penitenciario de Picassent, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodrìguez Guerola. Zaplana salió el 7 de febrero de 2019, tras 8 ½ meses internado. Según la UCO, dentro del caso Erial, recibió 10.521.351,31 euros en comisiones de mercantiles del Grupo Sedesa de la familia Cotino, relacionados con los parques eólicos y las ITV.
La juez Coro Cillán que asumió las delirantes patrañas conspiranoicas fue expulsada por prevaricación de la carrera judicial cuando era titular del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid. Las últimas noticias la sitúan como indigente durmiendo en el Intercambiador del Metro de Plaza de Castilla.
Casimiro García Abadillo, como vicedirector de El Mundo, dio cobertura a la línea conspiranoica de Pedro J e incluso pudo viajar a Rumanía para presionar a las dos testigos rumanas que situaron a Jamal Zougam en los trenes poniendo mochilas bomba, para que cambiaran su testimonio. Las dos testigos presentaron denuncia ante la Sala Segunda de la Audiencia Nacional de que dos periodistas de El Mundo, uno de ellos “Casimiro”, les regalaron camisetas del Real Madrid para sus hijos, trabajo para una de ellas y su hija y ayuda con una hipoteca. También las presionaron agresivamente indicando que habían conseguido la nacionalidad española y ayudas sociales tras su declaración, lo que era totalmente falso.
Ahora ha entrado ya en serios problemas. Tras 2 ½ de existencia, el digital El Independiente se encuentra en una situación límite. Un grupo de accionistas exige la inmediata convocatoria de una Junta General de Accionistas para que García Abadillo explique la situación económica de la empresa. Abadillo pretendería impedir que los accionistas acaben con la retribución otorgada a los miembros del Consejo de Administración, también las razones que han llevado a abandonar el medidor oficial de audiencias comScore, lo que sólo puede deberse a una sustancial bajada de la audiencia con letales consecuencias publicitarias, así como el continuo aumento de la deuda.