Miguel Sempere.
La mascarada secesionista del 1-0, descrita con acierto como golpe de Estado por numerosos dirigentes del PP, se perpetró con dinero público mientras las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas y controladas por Cristóbal Montoro. La Guardia Civil detecta en 1.915.067,22 euros el dinero desviado desde los fondos públicos a la intentona. Entre otras cosas, se pagaron de esa forma las mismas urnas. Con lo que no se pudo hacer sin la complicidad o la negligencia del Gobierno central, y específicamente de Cristóbal Montoro, cuya negación del hecho es una demostración palmaria de que empieza a ser consciente de que ha entrado en un terreno en el que puede haber responsabilidades penales.
En términos morales, Roberto Centeno ha establecido que estamos ante «alta traición«. Puede haber habido una desatención a los deberes. Y, de fondo, lo que ha habido es una inmensa frivolidad, tanto por parte de los poderes del Estado como de los secesionistas. La debilidad de Mariano Rajoy, y de su compinche Soraya Saénz de Santamaría, alentó a los golpistas al enviarles continuamente remesas del Fondo de Liquidez Autonómica con la excusa de que era para asegurar los servicios a los catalanes, cuando también era el dinero necesario para evitar la quiebra de la Generalitat y mantener el plan golpista. Un completo despropósito.
Todo ha sido debilidad, falta de coraje y las consecuencias son el caos actual y el ridículo de la marca España, de la unidad nacional que ha sido defendida de manera vergonzante. Aún hoy TV3 sigue alentando el golpe y sus trabajadores cobran del Prespuesto, con la aquiescencia de Cristóbal Montoro. Aún hoy Mónica Terribas, que pedía que se delataran los movimientos de los cuerpos policiales, siguen con un micrófono y viviendo del contribuyente. El sueldo se lo firma Montoro. Es su empleada.
Inmensa frivolidad la llevada a cabo por Carles Puigdemont que ha llevado a sus colaboradores a prisión y a sus huestes al precipicio, mientras él deambula por Europa. Ya han sido comunicados los autos de procesamiento; la maquinaria judicial sigue en marcha. La retórica de los «presos políticos«, en la que se han enfundado los mediocres, es romántica pero irreal; se trata de delincuencia tipificada en el Código Penal con penas superiores a los 20 años. Está previsto que el juicio y la sentencia estén antes de octubre. Unos cuantos han destruido sus vidas envanecidos por los aplausos de la masa, jaleados por los medios separatistas y siguiendo a esa miserable nulidad que es Carles Puigdemont.