Miguel Sempere.
Las pensiones han sido congeladas, con una subida ridícula del 0,25%, que manifiestamente representa la quiebra del sistema. Quienes se jubilen después del 1 de enero de 2.019 tendrán ya reducciones del 30%. La hucha de las pensiones esta vacía y las extraordinarias se pagan con cargo a préstamos ficticios desde los Presupuestos General del Estado; es decir, con cargo a deuda, empobreciendo aún más a las generaciones futuras y poniendo cada vez en mayor peligro a las pensiones.
Frente a la falacia que se difundió de que los inmigrantes serían quienes nos pagarían las pensiones; en realidad, nos están dejando sin pensiones o están contribuyendo a dejarnos sin pensiones, por la responsabilidad de los políticos que han ido pasando del Estado de bienestar al Estado asistencial y al Estado ong, lo que ha hundido y hecho inviable al Estado de bienestar. Éste consiste en la prestación de servicios -sanidad, educación y pensiones- en situación de casi monopolio a los que contribuyen. Es decir, a cambio de su contribución reciben servicios. En el Estado asistencial el Estado ofrece servicios falsamente gratuitos -los paga el contribuyente- y son muy caros, como sanidad y educación, a los que nunca han contribuido. En el Estado onegé, se hace un efecto llamada para, con cargo al contribuyente, recibir excedentes de población de sociedades fracasadas mediante el criterio de crisis humanitaria.
El Estado asistencial y el Estado onegé son enemigos y destructivos del Estado de bienestar, haciéndolo inviable. Ejemplos extremos del Estado onegé son los 532 euros que la Generalitat valenciana proporciona a los inmigrantes ilegales, a los que premia, además, con ayudas de 250 euros al alquiler. Ejemplo de Estado asistencial son las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid que están prácticamente monopolizadas por marroquíes y argelinos, el 76%.
Los inmigrantes tienen ratios de natalidad-pobreza que les dan prioridad en las becas de comedor, guardería y sanidad. El sistema sanitario, muy costoso, está colapsado por inmigrantes, que son preferentes demandantes; al igual sucede en el educativo.
Los inmigrantes contribuyen poco y viven en alto porcentaje de las ayudas sociales; es decir, con cargo al contribuyente. Así sucede con el 80% de los marroquíes de la numerosa colonia de esa nacionalidad que vive en Cataluña. En el País Vasco, los extranjeros reciben una paga mensual de 625 euros, más otros 250 de ayuda al alquiler. Se ha sufragado la estancia en Siria combatiendo en el Daesh de varios.
La inmigración ha tenido una contribución excesiva en términos de inseguridad. De los 60.175 reclusos, 17.147 son extranjeros, de los cuales el 25% marroquíes, que también son autores del 18% de los asesinatos. Esa población reclusa extranjera cuesta al contribuyente 406 millones de euros anuales.
En Italia se calcula que cada inmigrante le cuesta al contribuyente 1.050 euros mensuales.
No es el único factor, pero es un hecho objetivo que los inmigrantes están dejando a los españoles sin pensiones.