Javier de la Calle.
El escándalo destapado por el partido vecinal ULEG ha logrado que afloren otros episodios de Santiago Llorente de mal uso de los recursos públicos como el “caso bicicleta”. Son 25 años, un cuarto de siglo, los que este regidor “socialista” y su red clientelar llevan haciendo un uso abusivo de los recursos públicos
El partido independiente ULEG, líder de la Oposición en el ayuntamiento de Leganés, ha presentado una denuncia al Tribunal de Cuentas por el quebranto a los fondos públicos y la consiguiente responsabilidad contable que ha supuesto el reiterado gasto por parte del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Leganés, Santiago Llorente Gutiérrez a través de la tarjeta VISA municipal desde junio de 2015 a octubre 2016 en servicios de restauración (comidas, cenas y almuerzos con todo tipo de alcoholes y viandas) sin que se haya acreditado (más bien todo lo contrario) que los mismos estuvieran vinculados a la actividad institucional. El gasto podría superar los 7500 euros y si bien el alcalde fruto de la labor de ULEG y de la publicación del escándalo en Rambla Libre provocó que renunciara a la tarjeta (denominada VISA ÑAM o la Black de la glotonería), no ha devuelto hasta la fecha el importe, pese a que un acuerdo plenario del ayuntamiento de Leganés le instaba a ello.
Reincidencia en actuaciones cortijeras de Santiago Llorente y cía.
El hoy alcalde también protagonizó en los años 90 un episodio similar (gastos irregulares en comidas, apropiación de una bicicleta de la que tuvo que devolver el importe…) que también terminó en el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, podría hablarse tanto de reincidencia como de pleno conocimiento (dolo), explican desde ULEG, que añade que “es una práctica a nuestro juicio corrupta que lleva efectuando Santiago Llorente y sus colaboradores desde hace 25 años, un cuarto de siglo. Una concepción del ayuntamiento y de lo público patrimonialista, de cortijo privado que no puede quedar impune”.
El caso del alcalde de Pallejá o la alcaldesa de Serranillos.
ULEG recoge en su denuncia la similitud de este caso con el juzgado este mismo año por el Tribunal de Cuentas por el que se obligó al alcalde de Pallejá (Barcelona) a devolver el dinero gastado en comidas de este tipo o la condena penal a la alcaldesa de Serranillos por malversación de caudales públicos por gastos de representación destinados a bolsos. “Hemos dado un plazo más que razonable para que el alcalde devuelva en dinero lo que se comió indebidamente a costa de los vecinos. Ahora hablará la justicia y luego las urnas”.