Enrique de Diego.
La jornada del 1 O no es más que una mascarada y una farsa golpista. Nunca debió tener lugar porque se deberían haber tomado medidas con antelación. El golpe de Estado ya se ha producido, se dio en el Parlamento de Cataluña, excediéndose de sus funciones, con las mal llamadas Ley de Transitoriedad y Ley del Referéndum. Saltándose incluso sus propias normas reglamentarias, los sediciosos declararon la independencia de Cataluña asumiendo la plena soberanía, lo que está tipificado en el Código Penal como delito de sedición y rebelión. La celebración de un referéndum farsa no es más que la busca de una coartada para una declaración unilateral de independencia, previsiblemente a través del Parlamento.
Era obvio, salvo para el Gobierno atrapado en sus propias ficciones, que los mossos, dependientes jerárquicamente de los sediciosos y creados a su imagen y semejanza, no iban a actuar ni a mantener el orden público, situando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como «fuerzas de ocupación», cuando son «fuerzas de liberación». Debían haberse asumido por decreto las competencias de Orden Público, en vez de prestarse a auténticas estupideces como la Junta de Seguridad presidida por el golpista Carles Puigdemont.
Se ha actuado de manera tibia, tarde y mal. Es preciso tomar la delantera y pasar a la ofensiva. La deslealtad institucional es manifiesta; el clima delictivo, patente. Cambiando las normas a última hora, con «censo universal», sin capacidad para detectar fraudes, en medio de una situación de conflicto, esta consulta no es más que el intento de legitimar el golpe. No lo están consiguiendo y no lo van a conseguir. Sólo van a provocar ahondar en la fractura social e intensificar el choque institucional. Los golpes se paran deteniendo a los cabecillas, no yendo detrás de las personas de base.
El Gobierno está obligado a hacer cumplir la Ley, a defender los derechos de los españoles y a defender la Constitución en cuestión tan nuclear como la unidad de España y su integridad territorial. Esto no es un debate político, para ver quien se desgasta más, sino un golpe de Estado dirigido por una pandilla de delincuentes que está al frente de la Generalitat. Se ha permitido una especie de movilización que intensificará los costes ciudadanos. No se puede perder ni un minuto más: hay que aplicar cuanto antes el artículo 155 de la Constitución, intervenir la Generalitat y poner entre rejas a los cabecillas para que tengan un juicio justo. Todo lo demás es comentario.