La reciente decisión de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) de clasificar a Alternativa para Alemania (AfD) como una “organización extremista de derecha” es una barbaridad que pone en peligro los cimientos de la democracia alemana. Esta medida, que muchos ven como un paso previo a la ilegalización del partido, no solo ignora la voluntad de más de 15 millones de votantes que apoyaron a AfD en las elecciones federales de 2025, sino que también establece un precedente peligroso en un país que se jacta de su compromiso con la libertad y el pluralismo. Este movimiento llega tras un contexto europeo preocupante, como el caso de Rumanía, donde acciones similares contra partidos opositores han generado críticas por su carácter autoritario.
AfD, que obtuvo el 20,8% de los votos y se consolidó como la segunda fuerza política en el Bundestag, representa a una parte significativa de la población alemana que está desencantada con las políticas del establishment. Su discurso, centrado en la oposición a la inmigración masiva, el euroescepticismo y la defensa de la soberanía nacional, resuena con millones de ciudadanos que se sienten ignorados por los partidos tradicionales. Calificar a AfD como “extremista” no solo deslegitima a estos votantes, sino que los demoniza, tratándolos como una amenaza para la democracia cuando, en realidad, están ejerciendo su derecho a elegir. Como señaló Alice Weidel, colíder de AfD, esta decisión es “un golpe para la democracia” que busca silenciar a la oposición mediante tácticas burocráticas.
El caso de Rumanía sirve como un inquietante telón de fondo. Allí, partidos y figuras políticas han sido objeto de medidas represivas bajo pretextos similares, como la expulsión de una eurodiputada ultraderechista del Parlamento Europeo por actos simbólicos de protesta. Estas acciones, lejos de fortalecer la democracia, la erosionan al limitar el debate político y criminalizar la disidencia. En Alemania, la clasificación de AfD como extremista permite a las autoridades intensificar la vigilancia, intervenir comunicaciones y restringir su financiación, medidas que recuerdan más a un estado autoritario que a una democracia consolidada. El hecho de que esta decisión llegue justo antes de la formación de un nuevo gobierno liderado por Friedrich Merz sugiere una maniobra política para debilitar a la principal fuerza de oposición.
Mientras tanto, los partidos del establishment, que acusan a AfD de extremismo, promueven políticas de decrecimiento económico que podrían considerarse igualmente radicales. Las medidas impulsadas por socialdemócratas, verdes y liberales, como la descarbonización acelerada y las restricciones energéticas, han contribuido a la desaceleración de la economía alemana, afectando especialmente a la industria y a las clases trabajadoras. Estas políticas, que priorizan agendas ideológicas sobre el bienestar económico, son vistas por muchos como extremistas en su desprecio por las necesidades de la población. En contraste, AfD aboga por un enfoque pragmático que busca proteger los intereses nacionales y la estabilidad económica, lo que explica su creciente apoyo en regiones como el este de Alemania, donde las políticas de Berlín han generado resentimiento.
La ironía es que, mientras se acusa a AfD de ser una amenaza para el orden constitucional, son las élites gobernantes las que socavan la democracia al intentar excluir a un partido que representa a una cuarta parte del electorado. Como advirtió el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, esta medida es una “tiranía disfrazada” que otorga poderes excesivos a los servicios de inteligencia para vigilar a la oposición. Incluso figuras internacionales como Viktor Orbán han celebrado los avances de AfD como una reacción legítima contra las políticas migratorias y económicas del establishment.
La clasificación de AfD como extremista es un acto de hipocresía política que busca deslegitimar a 15 millones de votantes y silenciar a la oposición. Lejos de proteger la democracia, esta decisión la debilita al criminalizar la disidencia y normalizar la represión. Si alguien merece ser llamado extremista, son aquellos que, con sus políticas de decrecimiento y su rechazo al pluralismo, están dispuestos a sacrificar la libertad y la prosperidad de Alemania en el altar de sus agendas ideológicas. Es hora de que los ciudadanos alemanes y europeos rechacen estas tácticas autoritarias y defiendan el derecho a un debate político abierto y sin miedo.