Aldgra Fredly.
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, promulgó un proyecto de ley que permitiría a los jueces del estado condenar a castración quirúrgica a los condenados por delitos sexuales contra víctimas menores de 13 años.
Se espera que la ley 371 del Senado, patrocinada por la senadora estatal Regina Ashford Barrow, entre en vigor el 1 de agosto tras la firma del gobernador republicano el 18 de junio.
La ley permite a los jueces de Luisiana castigar con la castración quirúrgica a delincuentes mayores de 17 años condenados por delitos sexuales con agravantes contra una víctima menor de 13 años.
El Departamento de Seguridad Pública y Correcciones supervisará el procedimiento, pero no se llevará a cabo si «no es médicamente apropiado», según el proyecto de ley.
Según la ley, un experto médico designado por el tribunal tendrá que determinar si el delincuente es «un candidato apropiado» para la castración quirúrgica en un plazo de 60 días a partir de la imposición de la condena.
«En todos los casos relacionados con un delincuente condenado a un periodo de encarcelamiento o reclusión en una institución, el procedimiento se llevará a cabo a más tardar una semana antes de que el delincuente salga de la institución», reza la legislación.
Si un delincuente «no comparece» como exige la orden judicial para la castración quirúrgica, puede ser acusado y condenado a entre tres y cinco años de prisión sin el «beneficio de la libertad condicional, la libertad vigilada o la suspensión de la condena», según la nueva ley.
El proyecto de ley obtuvo apoyo bipartidista en la legislatura estatal. Durante una audiencia del comité celebrada en abril, la senadora estatal republicana Valarie Hodges describió la medida como «una consecuencia» para los delincuentes culpables de cometer delitos sexuales contra menores.
«Es un paso más allá de ir a la cárcel y salir», dijo Hodges, según The Associated Press.
La legislación, propuesta por la Sra. Barrow, amplía una ley anterior al autorizar a un juez a ordenar una castración física a los condenados por un delito sexual en el que la víctima tuviera 13 años o menos.
«Estamos hablando de bebés que están siendo violados por alguien», dijo la senadora demócrata en la reunión del comité en abril. «Eso es imperdonable».
Según la ley estatal, la castración voluntaria para personas condenadas por violación se remonta a 2008, cuando la Legislatura aprobó una ley que condenaba a un delincuente sexual «a ser tratado con acetato de medroxiprogesterona, o MPA.»
«Sin embargo, en lugar del tratamiento con acetato de medroxiprogesterona (MPA), el tribunal puede ordenar que el acusado se someta a la castración física, siempre que el acusado presente una moción por escrito ante el tribunal declarando que, de forma inteligente y consciente, da su consentimiento voluntario a la castración física como alternativa al tratamiento», establece la ley.