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Denuncia ampliatoria contra economía de la corrupción

Redacción




El partido político Progresistas contra la corrupción (PCLC), ha
remitido a la Fiscalía General del Estado una segunda denuncia
ampliatoria contra la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN.
Cabe recordar que la denuncia contra la  ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN,
basada en un cuaderno de trabajo del Banco de España de 2016, es la
única denuncia penal que explica la encubierta estructura económica
española y también es la única denuncia que explica la causa de los
principales problemas de los españoles, según el CIS.
En este sentido, esta denuncia se ha convertido en el mejor instrumento,
tal vez el único, capaz de evitar la decadencia que nos está llevando a
la total destrucción de la vida de los españoles, como se documenta en
la primera denuncia.
Hoy se han denunciado a más de 200 Diputados de las Comisiones
legislativas de Economía, Hacienda y Trabajo, así como a los Diputados
de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha
contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, que no es
legislativa.
En la denuncia se dice: “Por ello, todos los miembros de estas cuatro
Comisiones del Congreso forman parte de la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN, al
menos los que han estado desde 2016 que es la fecha de publicación del
referido Cuaderno de trabajo del Banco de España. Estos Diputados tenían
la obligación constitucional de hacer pública la ECONOMÍA DE LA
CORRUPCIÓN, de denunciarla y de trabajar para evitarla, en lugar de
trabajar para mantenerla como han hecho todos ellos”.
Los Diputados denunciados son 76 del PSOE, 58 del PP, 34 de Podemos
(GCUP-EC-EM/GC), 13 de ciudadanos (Cs), 11 de Vox, 10 de ERC – GER y GR,
2 de Sumar, 2 de Junts, 2 de Compromís, 2 de la CUP, 1 de UPN y 1 de
Coalición Canaria.
En el segundo apartado, se denuncia a los 174 Diputados que votaron a
favor de la reforma laboral de 2021, excluyendo al del PP, por provocar
la falsedad en documento oficial sobre el desempleo que provocaba.
Concretamente estos Diputados eran “120 del PSOE, 34 de Unidas Podemos,
9 de Ciudadanos, 4 del PdeCat, 2 de Más Páis, 1 de Compromís y un
Diputado de los siguientes partidos: Teruel Existe, Coalición Canaria
(salvo Sergio Sayas y Carlos García), Nueva Canarias y el Partido
regionalista de Cantabria”, incluyendo al Presidente Sánchez y a siete
ministros que también eran Diputados, destacando el papel de la Ministra
Yolanda Díaz como promotora y por mantener la falsedad de las cifras, a
pesar de haberse comprometido en enero de 2023 a modificarlas.
En el tercer apartado, se denuncia el blanqueo de capitales de varios
políticos de Podemos, incluyendo a su lideresa Ione Belarra; de Ada
Colau, ex Alcaldesa de Barcelona, y de su esposo; de 18 políticos de
Junts y 6 de ERC. Se destaca la habitual utilización de las mismas
sucursales y de los mismos bancos en el extranjero.

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En el cuarto y último apartado de la denuncia se recuerda que el Grupo
de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, en un
informe de 2013 señaló extrañado que: “El EEG fue informado de que no se
ha dado ni un solo caso en que un miembro del Parlamento haya sido
condenado por un delito de corrupción cometido en relación con sus
funciones parlamentarias” (EGG son las siglas en inglés del “equipo de
evaluación del GRECO”).
El Fiscal General del Estado todavía no ha tramitado ninguna de las
denuncias contra la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN.
Confiamos que este conjunto de denuncias sirva para que los españoles
conozcan la economía española, la causa de sus propios problemas
individuales y que los partidos políticos y sus políticos tienen como
prioridad una corrupción sistémica que está perjudicando la vida de la
mayoría de los españoles, llegando a destrozarla a cada vez más víctimas
de esta corrupción.